Cuando el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), reveló que el valor del gasto de las Fuerzas Militares colombianas pasó de $21 billones de pesos colombianos (unos US$10.700 millones) en 2012, a $24 billones (unos US$12.300 millones) en 2013, la noticia reveló una paradoja: Colombia, que está, según su presidente Juan Manuel Santos, muy cerca de lograr terminar una guerra interna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es uno de los cuatro países que más aumentó su gasto militar el año pasado.

El documento del instituto tiene en cuenta las compras e inversiones en rubros como las Fuerzas Armadas, las agencias gubernamentales de defensa, proyectos de entrenamiento y equipos disponibles para las operaciones militares; así como pagos por pensiones y seguridad social a los uniformados retirados y sus familias, e igualmente el mantenimiento de equipos, construcciones e investigaciones militares así como servicios médicos.

Poniéndose el parche antes de la herida, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, justificó el aumento señalando que “los retos de seguridad y las misiones que deben y pueden cumplir las Fuerzas Militares, no se agotan con el fin de la confrontación con las FARC” y afirmó que  las Fuerzas Armadas no tienen “sólo la función de perseguir criminales, sino también disuadir otro tipo de comportamientos ilegales”.

La explicación es algo más compleja. El experto en seguridad Jaime Libreros cree que “compras de modernización sí hay, profesionalización también, pero existen unos rincones oscuros en materia de presupuesto militar”. Explica que desde finales del gobierno de Andrés Pastrana, “por la llegada del Plan Colombia”, se ha ido presentando un problema de falta de seguimientos precisos al dinero que se gastan en Defensa.

Para él, el problema se ha incrementado en los últimos años “en la medida que Fuerzas Militares no se sienten identificadas con el estilo de presidente Juan Manuel Santos, de manera especial por su acercamiento con las FARC”, y una de las respuestas que ha manejado el presidente para evitar mayores problemas con éstas es darles mayores libertades para que puedan contratar e invertir en materia de defensa nacional “de acuerdo a su autonomía y sus necesidades casi que sin control”.

Y si bien, como lo afirma otro informe, esta vez del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS), el gasto en Colombia creció debido a la construcción de una nueva estación de guardacostas, y de nuevos comandos aéreos y navales, la falta de claridad señalada anticipa futuros escándalos.