Este 30 de junio se cumple un año de caso Tlatlaya, Estado de México, donde militares presuntamente asesinaron a 11 de 22 personas, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El enfrentamiento entre militares y presuntos miembros de la delincuencia organizada dejaron como un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido. El caso Tlatlaya ha sido uno de los casos más polémicos que han formado arte del actual sexenio priista.

De acuerdo con el informe de los peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR), 11 de las 22 personas abatidas por elementos del Ejército Mexicano fueron fusiladas, otras cinco murieron realizando maniobras instintivas de defensa y tres de los señalados como agresores, tenían sus armas descargadas.

Una de las tres mujeres que sobrevivieron a los hechos acaecidos en una bodega asegura que sólo uno de los hombres fue abatido durante el enfrentamiento, los demás se entregaron, y luego de ser interrogados fueron privados de la vida.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al Estado mexicano a atender las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y en el país contra la práctica de la tortura para que no se repitan hechos como los ocurridos en Tlatlaya e Iguala, éste último donde 43 personas fueron desaparecidas y presuntamente ejecutadas por miembros del crimen organizado.

El gobierno mexicano explicó que en la actualidad el país no atraviesa por una amenaza de seguridad nacional, sino que tiene riesgos a la seguridad nacional, entre los que destacan la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción.

La CNDH ha señalado que “la tortura es un flagelo inadmisible, indignante y representa un serio retroceso en el estado de derecho, por lo cual, más allá de la frecuencia con que se presente o de lo extendido de este fenómeno en México, la autoridad debe garantizar que cada caso que ocurra será investigado y sancionado”.

El organismo ha expresado su solidaridad con todas las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de llamar a las autoridades y sociedad a reflexionar sobre todas las medidas tendentes a prevenir y erradicar esa práctica nociva.

La averiguación que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, fue reservada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por 12 años.

Sin embargo, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) redujo de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la justicia militar en el caso Tlatlaya por delitos de orden castrense.

El gobierno mexicano también anunció el pasado 14 de mayo que indemnizará por 3.3 millones de dólares a las familias de las víctimas de los asesinados presuntamente por el ejército y a los supervivientes del ataque ocurrido el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya.

El “documento informativo sobre el incidente en San Pedro Limón, Tlatlaya” reveló que el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió el año pasado asistencia al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, ubicada en el Estado de México.

El batallón no es ahora elegible para recibir asistencia de Estados Unidos, en tanto espera los resultados de la investigación ante sus preocupaciones sobre el nivel de complicidad gubernamental con los cárteles del crimen organizado, así como con la violencia expansiva de estas células delictivas, evidenciados en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, explicó que en la actualidad el país no atraviesa por una amenaza de seguridad nacional, sino que tiene riesgos a la seguridad nacional, entre los que destacan la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción.

Sobre el caso Tlatlaya, expuso que éste le ha costado muy caro al Ejército y pidió no hacer juicios adelantados aunque dijo que si los soldados se equivocaron, “tendrán que ser castigados”, pero que si no lo hicieron, “se tendrá que reconocer su inocencia”.