Excelsior.com.mx. La creciente ola antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana y el endurecimiento de las medidas del gobierno federal contra trabajadores indocumentados han povocado que la población carcelaria de origen mexicano vaya en aumento en los últimos años, pues mientras en 2005 sumaban 17% del total de los reclusos en penitenciarias federales, con 31 mil 877, para diciembre de 2011 la cifra se ubicaba en 40 mil 216 connacionales, es decir 18,6% del total, de acuerdo con datos del Buro Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) y especialistas.

Según Jorge Bustamante Fernández, investigador de la Universidad de Notre Dame y de El Colegio de la Frontera Norte, el aumento en encarcelamientos tiene que ver con tendencias antiinmigrantes en algunas entidades de EU, impulsadas en el plano legislativo principalmente por grupos radicales del Partido Republicano.

El aumento en el número de mexicanos en cárceles federales es consecuencia de un mayor control fronterizo de Estados Unidos con México en la dministración del presidente Barack Obama y en el caso de migración ha habido acuerdos de la policía federal de EU, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, (por sus siglas en inglés), precisamente para detener migrantes indocumentados”, dijo José María Ramos, director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.

Pese a que Obama se ha mostrado abiertamente en contra de las leyes anitiinmigrantes como la de Arizona, en los hechos el ICE realizó en el año fiscal 2011 unas dos mil 496 auditorías de plantillas laborales, frente a dos mil 196 el año anterior y 503 en el año fiscal 2008.

En 2009, unos 52 mil 928 extranjeros fueron detenidos en prisiones federales estadunidenses, de los cuales 68 por ciento, es decir 36 mil, eran mexicanos. Además, otros 203 mil connacionales fueron encarcelados en prisiones estatales y locales ese mismo año. ¿Las principales causas del encarcelamiento? Faltas migratorias, violación a reglamentos viales y delitos contra la salud, que en su conjunto suman 50 por ciento del total de las capturas, según la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés).

Según su informe Estadísticas Criminales de Extranjeros, en 2010 fueron encarcelados en prisiones federales de Estados Unidos 54 mil 718, de ellos, 68,7%, es decir 37 mil 208, eran mexicanos.

La GAO aseveró que la cifra de extranjeros encarcelados en prisiones estatales y locales aumentó 35% de 2003 a 2010.

Aunque estar en territorio estadunidense sin documentos es una falta administrativa, al cometer varias de estas “faltas” se convierte en un asunto penal. Pero, ¿quién decide después de cuántas faltas migratorias es ya un asunto penal?

“Eso queda a discreción de la autoridad estadunidense que lleva acabo el arresto: la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) , o incluso la ICE.”

Así lo explicó Alfonso Navarro Bernachi, director general adjunto de Políticas de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Dirección de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Un mexicano puede llevar años de vivir en la Unión Americana, y si comete más de una “falta migratoria” puede terminar en una cárcel federal.

Y eso no ocurre sólo durante redadas de ICE en empresas, o domicilios, sino que puede ocurrir al pasarse un alto o incluso cruzar una calle en forma incorrecta: “Si una persona es detenida por cometer una infracción de tránsito, lo primero que hacen los policías es pedirles sus documentos y allí detienen a los mexicanos que no tienen los papeles que acrediten su estancia legal en Estados Unidos”, dijo Bustamante.

La cuestión se complica porque hay muchas reglas viales en la Unión Americana que en México no existen y con las que los connacionales no están familiarizados: una es atravesar una avenida desde la mitad de la calle, en lugar de las zonas previstas.

Población connacional. En la Unión Americana viven alrededor de 12 millones de mexicanos y de acuerdo con la GAO, en 2009 más de 239 mil fueron encarcelados (en prisiones federales, estatales y locales) y en 2008 casi 235 mil.

Según Human Rights Watch, a junio de 2009, Estados Unidos tenía la población carcelaria más numerosa con dos millones 297 mil 400 reclusos, lo que supone el encarcelamiento per cápita más alto del mundo, con 748 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Gran parte de los encarcelamientos, de acuerdo con Human Rights Watch, corresponde a miembros de minorías raciales o étnicas: uno de cada diez hombres negros de 25 a 29 años estaban en la prisión en 2009; en el caso de los hombres hispanos, la cifra era de uno por cada 25; y uno por cada 64 en el caso de los blancos.

De acuerdo con Navarro Bernachi, de enero de 2006 a diciembre de 2011, el Sistema Integral de Protección Consular de México otorgó asistencia en 727 mil 226 casos en Estados Unidos, de los que 14,7%, es decir 106 mil 902, fueron casos penales.

Entidades antiinmigrantes. En los últimos dos años se ha dado un contexto particularmente complejo en estados como Arizona, Alabama, Georgia e Indiana. En el caso de Arizona, con la aprobación de la ley SB1070.

De acuerdo con Bustamante, incluso “antes de la aprobación de la ley SB1070 ya venía ocurriendo el incremento de la proporción de latinos en las cárceles, sobre todo de Arizona; es un patrón que se inició mucho antes y que continúa”, manifestó.

Según Bustamante, la nueva ley en Arizona trajo mayor duración de las sentencias de cárcel que se pueden aplicar a quien no tiene documentos migratorios.

“Si a una persona la meten a la cárcel en Arizona, la penalidad que motiva el encarcelamiento puede ser doble: la primera es que entró sin documentos a Estados Unidos, lo cual conforme a la SB1070 es un crimen mayor, y la otra es algo que un fiscal de Arizona inventó y es el delito de autocontrabandeo, explicó.

Se trata de “una aberración jurídica”, dijo, pues no se puede acusar a una persona de autocontrabandeo. Si a un mexicano lo sentencian por no tener documentos puede estar en la cárcel de cinco a diez años y si lo sentencian por autocontrabandeo, la sentencia puede estar entre los 20 y 25 años en ese estado de la Unión Americana, explicó.

Sin embargo, Navarro Bernachi destacó que hasta el momento la dirección general de Protección a Mexicanos en el Exterior no tiene noticia de que se haya aplicado una sanción de esa magnitud a ciudadanos mexicanos, pues en la mayoría de los casos se declaran culpables y pagan sentencias de entre tres meses y un año.

Lo grave de esas sentencias es que generan un antecedente penal para el mexicano, al que se le impide volver a entrar en Estados Unidos en un promedio de cinco a diez años.

Traslados de reos al país van a paso lento. De los miles de mexicanos encarcelados en la Unión Americana, sólo unos cuantos son transferidos a México cada año para pagar sus condenas en cárceles mexicanas, con base en un tratado bilateral de 1977, pues aunque muchos quisieran ser transferidos, el proceso puede durar de dos a tres años y se requiere pagar un abogado durante ese tiempo.

Consultado por este diario, el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, del departamento de Justicia, explicó que en 2010, 151 prisioneros mexicanos fueron transferidos a nuestro país, con en base al Tratado México-Estados Unidos de Transferencia de Criminales de 1977.

En 2009, fueron 78 los presos mexicanos transferidos y en 2008 fueron 80. El tratado bilateral establece que la transferencia es voluntaria y debe ser aprobada tanto por el país que emitió la sentencia como por el que recibirá al preso.

Se trata de un proceso largo y la persona en cuestión debe presentarse frente a un juez magistrado o juez de distrito de la Unión Americana para una audiencia en la que se verifica que el interno voluntariamente quiere ser transferido a una cárcel en México, entre otras audicencias.

“Es un proceso burocratizado y difícil de seguir”, dijo Jorge Bustamante, profesor de la Universidad de Notre Dame y de El Colegio de la Frontera Norte.

Explicó además que es caro pues es necesario pagar los honorarios de un abogado por años.

Expatriados, en la mira. En los últimos años, entidades de la Unión Americana han promulgado leyes contra indocumentados, donde el común denominador es la criminalización de éstos.

*Arizona. La ley SB1070 de Arizona fue aprobada el 23 de abril de 2010 e implica la acción más amplia y estricta contra la inmigración ilegal, ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes. El 28 de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, una juez ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma.

*Alabama. El 29 de septiembre de 2011 entró en vigor la ley HB56,  que criminaliza a los que no tengan papeles y da autoridad a las escuelas a que verifiquen el estatus migratorio de sus alumnos. El 14 de octubre la Corte de Apelaciones del 11º Circuito suspendió temporalmente algunas partes.

*Georgia. El 15 de abril de 2011 se aprobó la norma HB87, que convierte en delito estatal el ser indocumentado y autoriza a los policías cuestionar a cualquiera sobre su estatus migratorio si existe “causa probable”. El 27 de junio de 2011, un juez federal emitió una medida cautelar contra la norma.

*Indiana. La ley SB590 fue promulgada el 10 de mayo de 2011, la cual penaliza la migración y abre espacios para la aplicación selectiva de la ley. Al igual que con otras leyes, el 25 junio de 2011 una juez federal la bloqueó.

*Carolina del Sur. La gobernadora Nikki Haley firmó el 27 junio de 2011 la ley antiinmigrante SB20, que criminaliza a los indocumentados. El 23 de diciembre, el juez federal de distrito de Charleston bloqueó las partes más controvertidas.

*Utah. El 15 de marzo de 2011, promulgó un paquete de leyes sobre inmigración. La ley que crearía un programa de trabajadores temporales no ha entrado en vigor, ya que fue  suspendida temporalmente.

Algunas entidades que han puesto a debate leyes contra inmigrantes:

*Carolina del Norte. El 25 de enero de este año, un comité legislativo de Carolina del Norte denominado Análisis del Rol del Estado en las Políticas de Inmigración, volvió a reunirse para analizar nuevas medidas contra migrantes.

*Montana. A inicios de 2011 debatía leyes para prohibir el alquiler de propiedades  a indocumentados y criminaliza la estadía sin papeles, que a nivel federal sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

*Virginia. Legisladores republicanos impulsaban en 2011 varios proyectos de ley para combatir los intentos de los inmigrantes indocumentados de trabajar, estudiar o usar los servicios sociales, así como los que cometen delitos.

*Texas. Debatía el año pasado varios proyectos contra la inmigración de indocumentados. Por ejemplo, la policía texana podría tener mayores facultades para pedirle a las personas que se detengan para verificar su estatus de ciudadanía, sin que hasta el momento se haya aprobado una legislación en concreto.

*Florida. En noviembre pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida proponía exigir que las compañías utilicen el programa federal E-verify para confirmar el estatus legal de sus empleados antes de 2013, y de no hacerlo perderían sus licencias para operar. La propuesta también consideraba un delito menor ser inmigrante indocumentado en Florida y requiere a la policía la verificación del estatus migratorio de toda persona sólo si es arrestada por un crimen.

*Iowa. El año pasado fue aprobada en comisiones del Congreso local el proyecto de ley que obligaba a las agencias federales y locales de Iowa a investigar denuncias sobre empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

*Pensilvania. El republicano Daryl Metcalfe presentó en 2010 una propuesta de legislación que permitiría a la policía arrestar a gente que tenga apariencia de ser inmigrante sin papeles.

*Idaho. Desde 2007, el Senado de dicha entidad analizaba una iniciativa para evitar que indocumentados recibieran la mayoría de los servicios sociales.

*Michigan. La ley  HB4305 permitiría que los agentes policiales arresten a personas simplemente por ser aparentemente indocumentados.

*Nebraska. El republicano Charlie Janssen presentó un proyecto de ley que “protegería a los contribuyentes de tener que pagar por la educación, beneficencia y gastos médicos de los indocumentados”.

*Oklahoma. Un proyecto de ley autoriza a los agentes de policía, entrenados por el gobierno federal, para interrogar a la gente sobre su estatus migratorio. Permite la incautación de los vehículos utilizados en el contrabando de personas y convierte en delito buscar empleo, por parte de ilegales.

*Colorado. La ley HB1107 exigía más colaboración contra ilegales y proponía que la policía realizara “intentos razonables” para determinar la situación migratoria de sospechosos.