Si cumple sus objetivos, la reforma resolvería sólo parcialmente el desempleo mexicano, ya que analistas estiman que el país necesita un millón de nuevas plazas laborales anuales.
México D.F. El Congreso de México aprobó este martes una postergada reforma laboral que representa el primer cambio sustancial de esa legislación en 42 años y busca crear 400,000 puestos por año, aunque dejó fuera algunas medidas para ampliar la democracia interna y la transparencia de los recursos de los sindicatos.
La modernización del mercado laboral era uno de los grandes temas pendientes en la agenda mexicana y es un punto crucial para que la segunda mayor economía latinoamericana despliegue su potencial.
Si cumple sus objetivos, la reforma resolvería sólo parcialmente el desempleo mexicano, ya que analistas estiman que el país necesita un millón de nuevas plazas laborales anuales.
En medio de agrios debates y un vaivén legislativo de dos meses y medio, la Cámara Alta aprobó la reforma -el proyecto económico más importante desde el 2009- y la envió al presidente Felipe Calderón para su promulgación.
La reforma, cuyas discusiones enfrentaron al ala dura del oficialismo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente electo Enrique Peña Nieto- ya había sido avalada antes por los diputados.
"No debemos despreciar lo que aquí tenemos (...) Es una muy buena reforma laboral en su aspecto económico que apunta realmente a la competitividad, productividad, que verdaderamente moderniza las relaciones laborales", dijo Javier Lozano, senador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), de Calderón.
En su cuenta de Twitter, Peña Nieto dijo que los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que no se modificaba sustancialmente desde 1970, mejorará la productividad y la competitividad del país.
La legislación contempla modalidades de contratación más flexibles dirigidas a impulsar el empleo, algo que reclaman los empresarios pero que la izquierda considera lesiona los derechos de los trabajadores.
Pero los parlamentarios modificaron la iniciativa original presentada en calidad de preferente el 1 de septiembre por Calderón.
La norma dejó fuera buena parte de una propuesta para democratizar y hacer más transparentes la rendición de cuentas de los sindicatos, aliados históricos del PRI, que regresará al poder con la asunción de Peña Nieto el 1 de diciembre.
Sindicatos casi intocables. La reforma no incluyó el voto libre, directo y secreto obligatorio en la elección de los dirigentes sindicales, ni la obligación de realizar auditorías externas a las organizaciones gremiales de más de 150 integrantes.
También excluyó aplicar sanciones a las directivas de los gremios que se nieguen a entregar a los trabajadores que lo soliciten un informe del destino de sus aportes mensuales al sindicato, tal y como planteaba la iniciativa de Calderón.
"Lo que se está haciendo es anular los derechos a los trabajadores (...) Se les vuelve a atar de manos para que no puedan elegir democráticamente y libremente a sus representantes", dijo la senadora Alejandra Barrales, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la reforma se estableció que los líderes sindicales deberán informar al menos cada seis meses a los trabajadores sobre los estados financieros de las agrupaciones, pero quedó descartado que se haga de manera personalizada.
Los legisladores priistas se mostraron reacios a tocar las prácticas de sindicatos, que fueron pilares e instrumento de control político del PRI mientras gobernó por 71 años consecutivos hasta el 2000, argumentando que se habría violado su autonomía.
La reforma también contempla regular el "outsourcing" o la subcontratación para evitar que los patrones evadan beneficios que corresponden a los trabajadores, y el pago por hora.
Según analistas, la aprobación beneficia políticamente al mandatario saliente Calderón, quien terminará su gestión con la reforma aprobada bajo el brazo, y constituye un pendiente menos para Peña Nieto, quien en campaña prometió un proyecto laboral.
Pese a que la economía mexicana ha crecido desde que dejó atrás una profunda recesión en el 2009, le ha costado generar el millón de empleos que demanda anualmente el ritmo de la dinámica poblacional, un tema pendiente en la administración de Calderón, autoproclamado "el presidente del empleo".
La semana pasada, Calderón dijo que en los seis años de su gobierno se crearon 2,1 millones de empleos formales, pero el número de mexicanos en la economía informal también ha crecido, hasta llegar a más de 14 millones al tercer trimestre de 2012.
