Ciudad de México. Entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de noviembre del presente año, más de mil 200 elementos de las fuerzas federales y armadas perdieron la vida en el combate contra el crimen organizado iniciado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Durante los últimos 10 años, las bajas de la Policía Federal (PF), las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar) y de la Procuraduría General de la República (PGR), se presentaron principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz

Aunque el gobierno federal no cuenta con un registro oficial de las muertes, un reporte público disponible en la página de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), indica que 552 elementos de la Policía Federal perdieron la vida en combate.

Además, a través de reportes de Transparencia, la Sedena contabiliza 481 muertos y  Marina 74, mientras que la PGR sólo cuenta con datos del periodo 2006 a 2012, los cuales indican 105 muertes.

El Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE) de la PGR reportó en 2012 que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, fueron asesinados mil 381 elementos de las policías municipales, 401 estatales y 601 elementos de las procuradurías locales.

Emboscados, calcinados, ejecutados, descuartizados, enterrados en fosas clandestinas o estrangulados, los elementos de la PGR, PF, Semar y Sedena fueron exhibidos en algunos casos por el crimen organizado.

Uno de los principales ataques contra ellos se presentó el 13 de julio de 2009, cuando fueron encontrados 12 cuerpos de policías federales en la carretera Siglo XXI, en Michoacán. Un año después, 11 policías más perdieron la vida durante una emboscada en el municipio de Zitácuaro.

En agosto de 2011, cuatro marinos privados de la libertad en Veracruz fueron localizados sin vida. En mayo del año pasado, siete soldados murieron en el ataque a un helicóptero en el estado de Jalisco.

Uno de los últimos ataques en contra de las Fuerzas Armadas se presentó en septiembre pasado, cuando un grupo del crimen organizado atentó contra un convoy militar en Culiacán, Sinaloa. Seis elementos murieron.

El Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE) de la PGR reportó en 2012 que entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, fueron asesinados mil 381 elementos de las policías municipales, 401 estatales y 601 elementos de las procuradurías locales.

Especialistas en temas de seguridad consideraron que, en el combate contra el crimen organizado, los cuerpos de seguridad se han “desgastado”. Sin embargo, a pesar de ello, no existe una planeación para mejorar sus capacidades y dejarles a cargo las funciones que realizan las Fuerzas Armadas.

"No hay incentivos para crear cuerpos de seguridad, la gente que toma la decisión, que decide ser policía es porque no tiene otra alternativa de vida”, explicó Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Javier Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la UNAM, opinó que “hay un desgaste, pero en realidad, cuántas policías municipales y estatales funcionan adecuadamente. Desde que se crearon diferentes fondos de apoyos presupuestales, como el de Seguridad Pública y el Subsemun, no se han tenido resultados. El problema no es retirar las Fuerzas Armadas, sino qué condiciones hay para que puedan hacerlo”.

"La única línea de continuidad —gobierno— es usar a las Fuerzas Armadas, pero la verdadera estrategia era tener una reconstrucción de policías municipales y estatales,  una transformación de los sistemas penitenciarios y una concurrencia de poderes para discutir la Ley de Seguridad Interior”, explicó Oliva.

La sociedad civil también se ha sumado a la petición de reformar a los cuerpos de seguridad para contar con mejores elementos a partir de mejores condiciones de salarios y calidad de vida.

"Falta mucho para sentar las bases de un país más seguro y menos violento. Proponemos que el gobierno federal, estatales, partidos, organizaciones empresariales, académicas y sociedad acordemos un pacto por una política de Estado en materia de seguridad”, dijo María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común.