La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la cartera de Gobernación, Mercedes Guillén, recibió este martes del relator especial sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, el informe sobre México.
México. El gobierno mexicano aseguró hoy que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al fenómeno migratorio "constituyen una importante referencia" para orientar sus acciones en la materia.
La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la cartera de Gobernación, Mercedes Guillén, recibió este martes del relator especial sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, el informe sobre México.
El documento "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México" denuncia un agravamiento de la situación de los indocumentados en este país y urge al Estado a impulsar "iniciativas de fondo" para proteger a esa población.
El informe, presentado a la prensa el lunes en Ciudad de México, es resultado de una visita que realizó González al país del 25 de julio al 2 de agosto de 2011 e incluye información recibida por la CIDH entre 2008 y 2013.
Durante el acto de este martes, Guillén refrendó el compromiso de México de seguir colaborando con la CIDH para fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes, apuntaron en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
Además, aludió al Programa Especial de Migración 2014-2018 y al plan Frontera Sur, recientemente anunciados como parte del esfuerzo y trabajo que realiza el Gobierno de México para enfrentar los desafíos en esta materia.
La subsecretaria también reiteró el interés de trabajar con los países de la región para promover políticas que "faciliten los flujos regulares, garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y permitan atender a grupos en situación de particular vulnerabilidad".
La CIDH reconoció que el país ha avanzado con la adopción de leyes y medidas para la protección de migrantes irregulares, pero las consideró "insuficientes para dar una respuesta eficaz" a la violencia, la inseguridad y la discriminación que enfrentan a su paso por México.
Por ello, recomendó aplicar una política específicamente dirigida a prevenir y sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus defensores, incluida la creación de una fiscalía especial, e involucrar a la sociedad civil.
Asimismo, pidió incrementar la seguridad en las zonas de alto riesgo, establecer centros de atención en las rutas migratorias y adoptar un protocolo para identificar migrantes en situación vulnerable, como víctimas de trata, niños no acompañados y mujeres que han sufrido violencia sexual.
Sobre los migrantes desaparecidos, secuestrados o bajo cualquier forma de privación de la libertad, llamó a poner en marcha mecanismos de búsqueda coordinados con los estados del país y los países de origen en Centroamérica y de destino, principalmente Estados Unidos, entre otras medidas.
