El nuevo sistema busca agilizar los procesos y superar las fallas crónicas por las cuales cerca de 40% de los presos pasan años en las cárceles sin sentencias o en juicios engorrosos en los que nunca ven a los magistrados.
México pondrá en vigor el sábado un ambicioso nuevo sistema de justicia penal que instaura los juicios orales y públicos, aunque aún debe superar graves deficiencias como la obtención, en ocasiones, de confesiones bajo tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
El nuevo sistema busca agilizar los procesos y superar las fallas crónicas por las cuales cerca de 40% de los presos pasan años en las cárceles sin sentencias o en juicios engorrosos en los que nunca ven a los magistrados.
Tras una reforma constitucional en el 2008, varios estados de los 32 del país comenzaron a hacer juicios orales y públicos que a partir del 18 de junio serán obligatorios en todo el territorio, aunque no de manera retroactiva.
"El 45 por ciento de los delitos podrán negociarse con una reparación del daño, podrá conciliarse, mediarse, encontrarse una solución entre las partes para no llevar el proceso a un juicio larguísimo", dijo María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo mecanismo penal.
Sin embargo, todo el sistema en el cual México ha realizado una cuantiosa inversión con el apoyo de Estados Unidos, cojea por el lado de la policía y otras fuerzas de seguridad, que no han sido lo suficientemente capacitadas y a menudo son corrompidas por la delincuencia organizada.
"Esto es muy grave porque al final no te sirve de mucho tener jueces o incluso ministerios públicos capacitados si tienes que tu primer eslabón en la cadena ... es tan débil y no es capaz de procesar y resguardar una escena del crimen", dijo Carlos Flores, de la organización privada CIDAC, que se ha encargado de monitorizar la implementación del nuevo sistema.
La falta de investigación criminal profesional, la incapacidad para cumplir una cadena de custodia de un cuerpo en el caso de homicidio, o la falta de independencia de los servicios periciales han llevado a callejones sin salida en casos de alto impacto como la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el 2014.
En ese caso, que causó indignación dentro y fuera del país, existen dudas sobre de dónde salió un fragmento de hueso del único estudiante hasta ahora identificado y algunos detenidos han denunciado torturas, entre otras fallas.
Son comunes en México las acusaciones de tortura contra los diferentes cuerpos de policía, así como contra militares y marinos que desde hace casi una década están encargados de combatir a los poderosos cárteles del narcotráfico.
Fromow dijo que con el nuevo sistema de nada valdrán las confesiones arrancadas bajo tortura, porque la declaración debe ser repetida por el acusado ante el juez y además sustentarse con otras pruebas.
El jefe de la unidad encargada del nuevo sistema en la fiscalía federal, Rommel Moreno, dijo a Reuters que éste tardará unos cinco años en implementarse totalmente, teniendo en cuenta que falta adecuar algunas leyes. Pero organizaciones como CIDAC o México Evalúa calculan unos 11 años.
Otro punto flaco del nuevo sistema es la escasa preparación de muchos abogados. Expertos dijeron que varias de las más de 1,700 escuelas de derecho en todo el país gradúan juristas en dos años, dándoles clases solo los fines de semana.
"Tenemos un escenario infernal, cualquiera puede ser abogado en México", advirtió David Fernández, de Abaroli, una organización que da apoyo a las facultades de derecho y colegios de abogados en la implementación del nuevo sistema.
