Ciudad de México. El presupuesto para el Programa Nacional de Prevención del Delito en 2015 superará los US$182 millones en apoyo para todo el país, contra los poco más de US$176 millones de este año.

Según datos del gobierno federal, Guerrero será la entidad más favorecida con el programa al recibir más de US$14 millones, que serán distribuidos en seis municipios, entre ellos, la zona conurbada de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre
desaparecieron 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa.

Le siguen a Guerrero, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Distrito Federal, que recibirán en promedio, cada uno, casi US$7 millones para prevenir el delito.

Los recursos serán aplicados en 66 municipios, cinco demarcaciones territoriales del DF, siete zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas.


Inyectan más de US$14 millones

De los más de US$182 millones que se destinarán en 2015 para el Programa Nacional de Prevención del Delito, Guerrero tendrá una partida que rebasa los US$14 millones, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que la convierte en la entidad que contará con más presupuestos en este rubro.

Los recursos, que tuvieron un incremento de casi US$6 milones, es decir, 3,46% con respecto a lo destinado para este año (más de US$176 millones), se conferirán a aquellas entidades que cumplan los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación.

Los más de US$14 millones que recibirá Guerrero serán distribuidos en seis zonas: Acapulco de Juárez (más de US$6 millones), Chilpancingo de los Bravo (casi US$2 millones), Zihuatanejo de Azueta (más de US$1.5 millones) Zona Conurbada Iguala (US$1.58 millones), Chilapa de Álvarez (US$1.28 millones) y Coyuca de Benítez (US$1.27 millones)

Cabe destacar que las 10 entidades que encabezan la lista recibirán cada una más de US$7 millones: Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Coahuila.

En contraste, los seis estados que recibirán menos de US$3 millones son: Baja California Sur, Nayarit, Aguascalientes, Yucatán, Tlaxcala y Tabasco.

Los recursos, que están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 serán aplicados en 66 municipios, cinco demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas.

Las entidades federativas recibirán las ministraciones en dos partes. La primera corresponderá a 70% del monto asignado y se entregará a partir del 15 de febrero próximo, previa acreditación de las obligaciones establecidas en los lineamientos; la segunda corresponderá al 30% y se ministrará a partir del 15 de julio.

“El acuerdo establece que el ejercicio de los recursos federales del apoyo y las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deberán alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria”, según la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, destaca que “para la planeación, programación, asignación, distribución, implementación y evaluación del Programa, deberán observarse, entre otros, los principios de respeto irrestricto a derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad; trabajo conjunto, continuidad de políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad y proximidad, así como transparencia y rendición de cuentas”.

El pasado martes, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián, anunció la creación del portal de transparencia del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

En conferencia, el funcionario explicó que el objetivo del portal es hacer del conocimiento público la información del manejo de los fondos que se entregan a los estados y municipios, que suman un total de más de US$176 millones, con el fin de que la ciudadanía participe en la implementación de las acciones del programa.