La estructura del gobierno federal cierra el año con polémicas sobre los bienes de servidores públicos y en medio de una creciente condena pública -que ha alcanzado niveles internacionales- por la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Contrario a lo suscitado en un año y ocho meses de administración de Enrique Peña, la recta final del 2014 fue de una crisis no esperada.

En nuestro país es una obligación para los servidores públicos -a partir de cierto rango- presentar su declaración patrimonial. Sin embargo, existen restricciones para que sea pública, ya que la ley estipula que será así siempre y cuando se cuente con la “autorización previa y específica” del servidor público de que se trate.

Desde el 2000 -con la transición del gobierno federal- se ha presentado casi una decena de iniciativas ante las cámaras de Senadores y de Diputados para reforzar la regulación sobre la presentación de declaraciones patrimoniales de funcionarios, que incluye más sanciones para quien no la presente o lo haga de manera incompleta, o para establecerlo como requisito obligatorio para buscar una candidatura a un puesto de elección popular. Los proyectos simplemente han sido desechados o siguen pendientes de dictaminar.

La organización Transparencia Mexicana también ha planteado a las autoridades del país que como parte de un blindaje electoral para el 2015, los candidatos hagan pública una declaración patrimonial, una declaración de impuestos y una tercera, en caso de estar propensos a caer en un conflicto de intereses.

Los escándalos. Así, el caso más reciente relacionado con bienes y patrimonio derivó en las renuncias de Heliodoro Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo de Liconsa, y de su padre, Heliodoro Díaz Escárraga, delegado del Infonavit, por el presunto regalo de un vehículo deportivo de lujo, ventilado a través de las redes sociales.

Díaz Escárraga ha argumentado que se trató de una broma y que no hizo tal regalo. Pero la Secretaría de la Función Pública ha iniciado ya una investigación al respecto.

Asimismo, tras difundirse la relación de Grupo Higa con la adquisición de un inmueble por parte de la familia presidencial, ha surgido información de que otros funcionarios han comprado inmuebles con dicha empresa -ganadora de la licitación del tren México-Querétaro y que finalmente se revocó-, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien argumentó que lo hizo antes de ser servidor público.

Dicha información se revela, además, en medio del desencanto social por la agresión que sufrieron estudiantes de Iguala, en el estado de Guerrero, y que hasta la fecha siguen desaparecidos.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a presentar una declaración patrimonial a todos los funcionarios, incluidos los órganos autónomos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el presidente de la República, así como a senadores y diputados federales.

Son tres tipos de declaraciones las que deben entregar los servidores públicos a la Secretaría de la Función Pública: una inicial, una de modificación patrimonial y una tercera sobre la conclusión del encargo como funcionario. Pero, como se indicó, que sea difundida públicamente no es obligatorio.

“Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría (de la Función Pública), fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga...”, reza la legislación actual.

Al cumplir dos años de gobierno el pasado 1 de diciembre, especialistas consultados por el diario consideraron que Peña Nieto llegaba en medio de claroscuros, con un paquete de reformas aprobadas pero con resultados que solamente se verán a mediano y a largo plazo.

Por ejemplo, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, opinó entonces que el mandatario federal iniciaba un tercer periodo presidencial en medio de una “crisis de debilidad”.

Desestabilización no detiene sus vacaciones. Desde el pasado 22 de diciembre, cuando acudió al Estado de México —entidad que gobernó— para la ceremonia del 199 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el mandatario Enrique Peña Nieto suspendió toda actividad pública.

La agenda presidencial se mantiene con actividades privadas esta semana; tiene programado viajar a Washington a una reunión con el presidente Obama, el 6 de enero.

El verano pasado, el político del PRI anunció que tomaría un descanso de una semana, aunque para entonces aseguró que estaría al pendiente de las negociaciones de las leyes secundarias en materia energética.

Información de medios locales han reportado la presencia el Ejecutivo federal en Acapulco, Guerrero, para las fiestas de Año Nuevo en los dos años anteriores (2012 y 2013). La Presidencia de la República no ha notificado de manera oficial sobre ello.

En este contexto, familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrro, acudieron el pasado 24 de diciembre a protestar cerca de Los Pinos y se prevé que este 31 de diciembre realicen una nueva acción.