México DF.  Alejandro Espinoza supo que su hermano y su sobrino estaban muertos cuando vio la fotografía en un diario. Sus cuerpos ensangrentados eran parte de una masacre de 72 inmigrantes ocurrida en el norte de México por un ataque del temible cártel de Los Zetas.

Pero su dolor fue peor cuando, esperando para darle sepultura, investigadores mexicanos enviaron el cuerpo equivocado de su sobrino a su familia en Honduras.

Los miles de cadáveres de la guerra del narcotráfico en México han expuesto los huecos en la ciencia forense, donde equipos batallan para identificarlos, y evidencia clave que se pierde, con lo que muchos asesinatos se quedan sin resolver.

"El cuerpo que venía era el de un indio (indígena), y mi sobrino era negro. Después nos dijeron que el cuerpo era de un brasileño", dijo Espinoza, tío del inmigrante muerto Carlos Espinoza.

"Hubo irresponsabilidad y falta de seriedad de los mexicanos (...) pero no podíamos hacer más que enojarnos", agregó Espinoza en una entrevista telefónica.

Nadie sabe con certeza cuánta gente se ha extraviado por la falta de estadísticas confiables, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que unos 5.000 mexicanos han desaparecido por la violencia del narcotráfico.

La evidencia física se utiliza en menos del 8% de las condenas en juicios que se llevan a cabo a puerta cerrada y que se basan en declaraciones juradas escritas. Más de un 70% de los homicidios queda sin resolverse.

En comparación, las cifras del FBI muestran que dos tercios de los asesinatos en Estados Unidos en el 2009 fueron resueltos.

Las cifras de México podrían mejorar gracias a reformas al sistema judicial que está introduciendo los juicios orales.

En el nuevo sistema, expertos forenses presentarán en una corte abierta evidencias obtenidas de autopsias y escenas del crimen que serán argumento para los fiscales, quienes anteriormemte se basaban en confesiones, muchas veces arrancadas por la policía mediante tortura.

Reconocimiento de irregularidades. El presidente Felipe Calderón reconoció la semana pasada las irregulares condiciones en las que se recolectaba evidencia, al inaugurar nuevos laboratorios forenses de la Procuraduría General de la República (fiscalía federal).

"La prueba de que alguien comete un homicidio (...) no debe ser la declaración de quien la comete", dijo Calderón. "La prueba debe ser el arma con la que comete ese homicidio".

Los laboratorios, ubicados en la Ciudad de México y que costaron US$35 millones, son parte de un esfuerzo más amplio que incluye entrenamiento de abogados, jueces y policías para adaptarse a los nuevos procedimientos en sólo cinco años.

Expertos estadounidenses están ayudando, a un costo de US$23,5 millones, en capacitación y equipo para llevar a los laboratorios forenses federales y el análisis de la escena del crimen a estándares internacionales.

Cuerpos y retroexcavadoras. Pero los cadáveres continúan apilándose, a veces más rápido de lo que los expertos pueden manejar debido a los altos niveles de violencia que sufre el país.

Más de 40.000 personas han muerto a causa de la violencia del narcotráfico desde finales del 2006, cuando Calderón lanzó su campaña frontal contra los cárteles, algunos de los cuales se han lanzado contra indefensos emigrantes.

Desde abril, las autoridades han desenterrado casi 200 cuerpos de fosas clandestinas en el mismo municipio en el que los familiares de Espinoza y otros 70 emigrantes fueron ejecutados.

Las tumbas clandestinas encontradas en el mismo lapso en el estado de Durango, han arrojado 252 cuerpos.

La policía y el Ejército usaron retroexcavadoras para sacar docenas de cuerpos antes de que la fiscalía les pidiera detenerse.

"Se perdió evidencia de gran valor", dijo una fuente de la fiscalía general que prefirió el anonimato.

Más de 150 cuerpos encontrados en Durango han sido enterrados nuevamente en fosas comunes. Sólo tres fueron identificados.

"Este tipo de situación nunca había pasado en el país. Fuimos completamente superados", dijo Heraclio García, director de investigación de la fiscalía estatal.

García explicó que sus instalaciones están equipadas para recibir tres o cuatro cuerpos diarios, pero estaban recibiendo hasta 15. La unidad sólo puede almacenar 20 cuerpos, lo que obligó al gobierno de Durango a rentar unidades de refrigeración móviles para almacenar el resto.

Ahora, cientos de personas que perdieron a un familiar se forman frente a las fiscalías para dar una muestra de ADN con la esperanza de que coincida con alguno de los cadáveres sin identificar.

Nadie sabe con certeza cuánta gente se ha extraviado por la falta de estadísticas confiables, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que unos 5.000 mexicanos han desaparecido por la violencia del narcotráfico.

El Gobierno quiere crear una base nacional de datos de ADN, para lograr identificar los restos de más de 3,000 cuerpos de desconocidos procesados cada año.

Pero será todo un reto establecer un protocolo que puede cambiar radicalmente las cosas, dijo la Cruz Roja, que está apoyando en la modernización del servicio forense del país.

Muchos casos no se resuelven porque las familias temen reportar las desapariciones. En San Fernando, varios policías municipales fueron acusados de entregar a las víctimas que después fueron masacradas.