Las autoridades afirmaron que la reforma penal y la implementación del nuevo código es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de justicia de un sentido más humano al unificar el procedimiento penal.

Tras la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en enero pasado, la implementación del nuevo sistema de justicia penal se aplicará en cinco etapas, donde Durango y Puebla serán los primeros estados en operarlo.

Durante la Ceremonia de Solicitud de Declaratoria de Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Silva Meza, afirmó que la reforma penal y la implementación del nuevo código es un esfuerzo de Estado para dotar a la impartición de justicia de un sentido más humano al unificar el procedimiento penal.

Recordó que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor una vez que sea emitida la declaratoria por parte del Congreso de la Unión, por lo que se tiene previsto que Durango y Puebla comiencen a operar el nuevo sistema penal ya con este Código en noviembre.

No obstante, Silva Meza advirtió que faltan diversas adecuaciones legales de varios ordenamientos para dotar de andamiaje jurídico al marco procesal penal.

Los titulares de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación, Jesús Murillo Karam y Juan Silva Meza, respectivamente, así como el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, solicitaron al Congreso de la Unión que emita la declaratoria de entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal en dichas entidades.

Meza refirió también que en la segunda etapa estarán los estados de Yucatán y Zacatecas; la tercera estará dirigida para Baja California, que esperan se pueda concluir para marzo del 2015; la cuarta etapa agrupa a las entidades de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Morelos, que se espera finalice para junio del 2015.

Por último, la quinta etapa considera a Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz, para enero del 2016.

“Es dar seguimiento a la declaratoria de inicio, a la gradualidad del nuevo sistema (...), a la gestión al interior de los centros de justicia, de los métodos de videoconferencias, protocolos de seguridad y los proyectos de modificaciones a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Defensoría Pública”, refirió Silva Meza.

De acuerdo con Monte Alejandro Rubido, estas entidades fueron elegidas porque son las más avanzadas en cuanto a infraestructura y equipamiento para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Para definir los criterios de gradualidad los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal tomaron en cuenta el avance en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información, así como la complejidad de las cargas de trabajo, rezago y tipo de asuntos y el avance en la implementación que existe a nivel estatal”.

Rubido manifestó que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó una legislación procesal única que logrará una armónica transición de las instituciones del país al sistema de justicia penal acusatorio.

Recordó que actualmente 18 estados ya se incorporaron al sistema acusatorio y varios ya están por hacerlo. Sin embargo, dijo que se requiere que todas las entidades adopten el nuevo sistema ya con el Código único.

A través de éste, aseguró, disminuirán los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y se generará una misma protección jurídica en todo el país, una mayor seguridad y certeza jurídica. Además, se estandarizan los criterios de interpretación de los juzgadores de todo el territorio nacional.

Finalmente, el procurador Jesús Murillo Karam mencionó que el nuevo código afianza el federalismo, “no lo desaparece ni lo enturbia”, ya que unificará procedimientos en favor de la impartición de justicia.