Más allá de la discusión semántica del término “abatir”, plasmada en una orden militar recientemente revelada y relacionada con el caso Tlatlaya, a un año del acontecimiento, expertos en derechos humanos coinciden en la necesidad de una investigación imparcial, independiente y efectiva sobre los implicados en las ejecuciones extrajudiciales, la cual debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando.

Respecto de la ejecución extrajudicial de por lo menos 12 de los 22 muertos, es necesario conocer quién dio la orden, exhibió el especialista en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera Cabezut.

Asimismo, destacó, se debe determinar si quien disparó cumplía una orden superior, pese a que en este tipo de casos la obediencia efectiva no aplique.

A título personal, el también integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU explicó que cuando un efectivo de las fuerzas armadas recibe una orden ilegal -en materia de tortura y ejecuciones- la obediencia no aplica. Sin embargo, para el especialista es necesaria una investigación al respecto para deslindar responsabilidades o llevar ante la justicia al presunto responsable.

El 30 de junio del 2014, 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya (México) murieron a manos de soldados en lo que las autoridades federales habían informado de este hecho como un enfrentamiento con hombres armados.

Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, indicó que “aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murió durante la operación.

Sobre el tema, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, a un año del acontecimiento exhibió que “no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicada en el caso Tlatlaya”.

Sobre el caso Tlatlaya, Amnistía Internacional instó a las autoridades a someter al personal militar implicado en el incidente -jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando- a una investigación que incluya a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando que supiera, o debiera haber sabido, que las fuerzas estaban cometiendo o iban a cometer una ejecución extrajudicial y que no hizo nada para impedirlo.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) publicó recientemente una orden de relevo de la base militar San Antonio del Rosario, en el Estado de México, recibida por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez.

El documento, fechado 19 días antes del incidente registrado en una bodega en Tlatlaya, contiene instrucciones operativas en la que en uno de los puntos se lee: “Deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”.

Sin embrago, también el documento contiene que los operativos deben llevarse a cabo con respeto a los derechos humanos, y esta parte ha sido utilizada por el gobierno federal para argumentar que abatir no es sinónimo de asesinar.

Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, indicó que “aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”.

Para Amnistía Internacional es “fundamental” que se ordene una investigación pronta, exhaustiva e independiente a cargo de las autoridades civiles sobre cómo están aplicando las fuerzas armadas la política de seguridad del gobierno, dijo Erika Guevara-Rosas.

Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de a Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) opinó por su parte que en el caso Tlatlaya “es de suma importancia entender de qué nivel venían estas órdenes (de ejecución), e independientemente de la orden de relevo, se debe investigar a todos los niveles de la Sedena, pues es necesario sancionar a los militares que estaban relacionados con ejecutar la orden, ordenarla o tolerarla”.

A través del informe “Tlatlaya a un año: La orden fue abatir”, el Centro Prodh argumenta que si la orden militar incentivó graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad de los mandos jerárquicos debe indagarse. Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la cadena de mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército mexicano.

En el caso concreto, resulta indispensable que se investigue, identifique y sancione a los responsables de los hechos ocurridos el 30 de junio del 2014; pero teniendo a la vista la orden de relevo, lo anterior implica también la investigación y sanción de los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que dieron lugar a la masacre, incluyendo la emisión de la orden de relevo.

Es de mencionar que, desde el 2011, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó a México “garantizar la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada (...) Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando”.