Ciudad de México, Excelsior.com.mx. El 20 de junio de este año el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el Trafficking in Persons Report 2014, documento a través del cual se clasifica en cuatro niveles la actuación de los países en el combate contra la trata de personas. Desde 2008 México ha estado en el nivel 2, esto significa que se le considera como un gobierno que ha realizado esfuerzos para su prevención y sanción, sin cumplir completamente con los estándares mínimos para su erradicación.

Efectivamente, México no muestra avances significativos por lo menos desde 2011, año a partir del cual se cuenta con información relativa a la actuación que la autoridad ha tenido en la materia de acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2013.

Cabe señalar que este informe, presentado el 28 de abril de 2014, responde a un mandato de ley y se constituye con información proporcionada por las instancias que la integran. No obstante lo anterior, es endeble y da cuenta de la carencia de información procesada y sistematizada bajo estándares adecuados que ha valido la recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos de fortalecer la recolección de datos.

Persecución y sanción. La investigación y procesamiento de los casos de trata es sin duda una de las áreas de mayor debilidad en la actuación del Estado mexicano. A más de dos años de entrada en vigor de la ley general sólo cuatro entidades federativas reportan la creación de unidades especializadas en materia de trata de personas (Puebla, Baja California Sur, Estado de México y Guerrero).

De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersecretarial, durante 2013 se han emitido un total de 53 sentencias por este delito en seis entidades federativas (38 en el Distrito Federal, seis en Tlaxcala, cinco en Baja California, dos en Puebla, una en Chihuahua y una en Yucatán), y se reportan 218 Carpetas de Investigación y/o Averiguaciones Previas en 13 entidades federativas (85 en Oaxaca, 33 en Puebla, 30 en Hidalgo, 27 en Baja California, 11 en Chihuahua, 10 en Guanajuato, seis en Querétaro, cinco en el Estado de México, cuatro en Durango, tres en Michoacán, dos en Tamaulipas, una en Quintana Roo y una en Jalisco). Esta información, sin embargo, deja vacíos respecto de las entidades federativas que abrieron averiguaciones previas en materia de trata durante 2012.

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El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013 proporciona información más completa al respecto, y señala que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se contabilizaron 423 investigaciones iniciadas en 20 entidades federativas (72 en Chihuahua, 65 en Distrito Federal, 59 en Chiapas, 58 en Baja California, 36 en Puebla, 23 en México, 22 en Nuevo León, 22 en Oaxaca, 17 en Tlaxcala, nueve en Tabasco, siete en Sonora, siete en Yucatán, seis en Guerrero, seis en Veracruz, cinco en Querétaro, cuatro en Hidalgo, dos en Morelos, una en Baja California Sur, una en Jalisco y una en Tamaulipas).

Asimismo, de acuerdo con el Censo, en 2011 se reportan 61 sentencias por este delito (28 en Puebla, 19 en Chiapas, siete en Jalisco, cinco en Hidalgo, una en Oaxaca y una en Tlaxcala), número que en un año se incrementa en 41%, esto es que para 2012 ya hay 86 personas sentenciadas (47 en Chiapas, 19 en Chihuahua, siete en Distrito Federal, cinco en Guerrero, dos en Hidalgo, dos en Puebla, dos en Sonora, una en Tabasco y una en Tlaxcala) y 81 de ellas recibieron sentencia condenatoria.

Aunque este último dato podría en principio sonar alentador, lo cierto es que esta cifra representa apenas 14.7% de un total de 551 personas procesadas y sentenciadas por trata de personas durante 2012, de las cuales a 465 no se les pudo fincar ninguna responsabilidad, con ello 84% de los casos no llegó a una sentencia condenatoria, lo que cuestiona la integración de las averiguaciones previas en las entidades y explica por qué en tres años, de 2011 a 2013 (si se consideran los datos de la Comisión) sólo hay 200 sentencias (53 en 2013, 86 en 2012 y 61 en 2011) por este delito en todo el territorio nacional.

En el ámbito federal las cosas siguen una dinámica similar: la Procuraduría General de la República reporta para el periodo 2011-2013 actuaciones que derivaron tan sólo en 10 sentencias (una sentencia absolutoria en 2011, siete sentencias en 2012 —de éstas dos son condenatorias y cinco son absolutorias— y dos absolutorias en 2013), esto es un promedio de sólo 2.5 sentencias por año, de las cuales 80% fueron absolutorias, es decir, sólo dos personas fueron sentenciadas. Este dato, ya en sí mismo lamentable, lo es más si se considera que de 243 averiguaciones previas abiertas por el delito de trata de personas, sólo 4% llegó a sentencia.

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Protección, asistencia y atención a víctimas de trata de personas. Como parte de estas acciones se reportó a nivel federal un total de 22 mil 128 atenciones, presenciales y telefónicas, individuales y grupales, sicológicas, jurídicas, médicas, de trabajo social; se brindó asistencia migratoria, apoyo consular, se otorgaron medidas de protección, se realizaron talleres, canalizaciones, derivaciones a albergues y activación de alerta Amber.

La mayoría de estas acciones las concentra la PGR, con 18 mil 824 actuaciones; le sigue el DIF, con 2 mil 474; Províctima (actualmente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), con 623; la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 160, y finalmente el Instituto Nacional de Migración, con 47.

Mientras que los gobiernos de las entidades federativas realizaron un total 2 mil 238 atenciones a través de instancias de nueve gobiernos estatales: Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Tabasco y Durango; el resto no presentó información.

Esta inexistencia de servicios especializados para las víctimas es señalada en el Trafficking in Persons Report 2014, y obliga a reflexionar sobre la forma en que se responde a estos problemas. Un ejemplo de ello es el llamado de atención que se hace sobre la falta de procedimientos para identificar víctimas por agentes de inmigración, ello con la finalidad de evitar, entre otras situaciones, que las víctimas de estos delitos sean retenidas en estaciones migratorias.

Prevención. En materia de prevención se reportan acciones que incluyen 5 mil 46 eventos de capacitación y la generación de 14 mil 428 materiales informativos o difusión, que despliega el gobierno federal y conforme a las cuales reporta el beneficio de 228 mil 215 personas, aunado a otras 4 millones 967 mil 129 pertenecientes a las 10 entidades federativas que ya cuentan con Comités o Comisiones Interinstitucionales: Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tlaxcala.

Asimismo, la Comisión reporta entre las medidas de prevención acciones desplegadas por la Secretaría de Desarrollo Social a través de tres programas sociales que tienen como objetivo incidir en el combate a la trata de personas atendiendo condiciones de vulnerabilidad, de modo que se reporta la atención a 1 millón 526 mil 260 familias que habitan en 21 mil 175 localidades indígenas vía el Programa Desarrollo Humano Oportunidades; 281 proyectos de becas de asistencia social y servicios comunitarios a través del Programa 3x1 para Migrantes; y 839 planes para otorgar apoyos económicos con recursos del Programa jornaleros agrícolas.

Para un país con más de 118,4 millones de personas, este total de acciones reportadas parecen aisladas y desarticuladas, además de que no se aclara cómo se mide su impacto ni si existen materiales que evalúen integralmente su relación con los delitos en materia de trata.