La revelación por parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de un documento que muestra la orden militar de “abatir” a delincuentes en el área de Tlatlaya, Estado de México, atrajo de nueva cuenta la mirada internacional sobre el caso y revive la exigencia de la sociedad civil organizada para que se implementen controles al uso de la fuerza y la responsabilidad en las cadenas de mando.

El informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir” integra una orden de relevo de la base militar San Antonio del Rosario en el Estado de México, recibida por el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez. El documento, fechado 19 días antes del incidente registrado en una bodega en Tlatlaya, contiene instrucciones operativas a los militares.

En el séptimo inciso de este documento, se lee: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”.

Al respecto, el gobierno federal respondió que “abatir no significa matar”. En contraste, Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés), opina que “el mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal”.

Sin embargo, también es cierto que el documento de la instrucción militar establece que debe ser con respeto a los derechos humanos .
Controles al ejército

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, justificó el uso de la palabra “abatir” en el parte militar del caso Tlatlaya debido a que tiene más de 10 acepciones, y ninguna —dijo— era una orden para asesinar en el operativo de junio del 2013 en una bodega de Tlatlaya.

Para WOLA, el caso Tlatlaya y otras masacres apuntan a la necesidad urgente de implementar mayores controles y directrices más claras sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

El Centro Prodh reconoció que en la orden militar hay una alusión sobre los derechos humanos, no obstante, consideró que su inclusión es contradictoria e insuficiente, por lo que no disminuye la gravedad de que se ordene abatir a delincuentes.

Lo referido en la orden de relevo para dar respeto a las garantías fundamentales se establece al inicio del documento con la siguiente disposición: el teniente deberá realizar sus actividades y “actuando en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los Derechos Humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura”.

En opinión del Centro Prodh, dicha garantía a los derechos humanos la hacen de manera “accesoria, siempre como un añadido, generando una situación que como mínimo debe calificarse de ambivalente: por un lado se usa el lenguaje de los derechos humanos, pero por otro, en la dimensión operativa, las órdenes son abiertamente contrarias a los derechos humanos e ilegales, pues instruyen expresamente a “abatir delincuentes”.

En el informe, la organización no gubernamental destaca que en la jerga militar utilizada por las distintas autoridades castrenses que intervinieron en la integración de la indagatoria y por el propio juzgador militar, “abatir” es sinónimo de matar.

En una revisión de los comunicados de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el Centro Prodh detectó que el término “abatir” es empleado para aludir a los muertos en enfrentamientos.

Sobre la orden de relevo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó el viernes a las autoridades a tomar en consideración las nuevas evidencias.

Heyns recordó que según las autoridades mexicanas, todas las muertes del caso Tlatlaya -ocurridas el 30 de junio del 2014- habían sucedido como consecuencia del tiroteo que se produjo durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y el Ejército mexicano, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes revelaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.

Asimismo, la ONU destaca que la CNDH estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, sin embargo la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles y afirma que el resto murieron durante la operación. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicada en el caso.

“La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”, instó el relator.

El debate se reactiva a un año de Tlatlaya. El Centro Prodh presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, el cual integra una orden recibida por el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, que contiene instrucciones operativas para el relevo de la base militar San Antonio del Rosario en el Estado de México.

En el séptimo punto se lee: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”. El Centro Prodh dijo que el término “abatir” era empleado de manera “unívoca” para aludir a la privación de vida.

Lo que dice el documento sobre dh. El documento, fechado el 11 de junio del 2014, refiere que el teniente deberá realizar reconocimientos terrestres “actuando en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los Derechos Humanos y a la Observancia de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

En el tercer punto se lee: “La seguridad de las tropas se deberá privar sobre cualquier otra consideración, por lo que deberá extremar las medidas de seguridad para garantizar su integridad física durante las acciones que emprendan”.

La Segob respondió el viernes. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, justificó el uso de la palabra “abatir” en el parte militar del caso Tlatlaya debido a que tiene más de 10 acepciones, y ninguna —dijo— era una orden para asesinar en el operativo de junio del 2013 en una bodega de Tlatlaya.

“Y me parece que el término ‘abatir’ tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida, pero un documento como éste (el parte militar), y así lo entienden los abogados, tiene que ser interpretado de manera sistémica”, destacó Roberto Campa.

Afirmó que en el lineamiento de los 37 puntos emitidos en el parte militar se deja claro que en las operaciones debe prevalecer en todo momento el respeto a los derechos humanos y la observancia de la ley, “por lo que me parece que no puede interpretarse el punto 7 sin interpretar el lineamiento general de los 37, y después hay una fracción 14 que dice: las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos”, argumentó.

“El término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario y ninguna es privar de la vida”, respondió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La Sedena pidió proteger la vida, dice. La Sedena respondió al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que “mediante 38 indicaciones” pidió a militares destacados en su base de operaciones de San Antonio, en El Rosario, Estado de México, que protegieran la vida de las personas y la seguridad de las tropas, así como privilegiar el respeto a los derechos humanos. Enlistó extractos textuales del expediente en cuestión, y argumentó que el parte militar ordenado hace valer la indicación de respeto a los derechos humanos.