Ciudad de México. Son abatidos, apuñalados, apaleados, quemados y descuartizados: en la mayoría de los casos, la ineficiencia de las autoridades impide que se esclarezca el motivo y la autoría de los asesinatos.

Ya sea para intimidar a los votantes o por venganza debido a que las víctimas se opusieron a la mafia o porque colaboraron con otros grupos criminales: los motivos son diversos, dice el periodista de investigación José Reveles. Eso sí, todos los casos tienen algo en común: la libertad electoral es limitada drásticamente y el 97% de los crímenes queda impune.

"Estamos muy lejos de la normalidad democrática", sostiene Enrique Alfaro, alcalde de la ciudad de Guadalajara y candidato a gobernador. El experto en crimen organizado Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, incluso habla de una "farsa electoral".

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de México alerta desde hace tiempo que los alcaldes son quienes pagan con su vida mientras que, en la Ciudad de México, los políticos federales con sus guardaespaldas viven relativamente seguros, lejos del frente.

"La narcopolítica es una realidad". Según Reveles, desde que comenzara la llamada guerra contra las drogas en 2006 han sido asesinados 172 alcaldes. Y los sobrevivientes viven en constante peligro: hace unos años, Robell Urióstegui tuvo que ser evacuado en helicóptero militar de su comunidad Teloloapan porque los narcotraficantes lo habían rodeado. "La narcopolítica no es una amenaza difusa, sino una realidad", dice Reveles.

En el estado de Guerrero, donde hasta ahora se ha registrado el mayor número de candidatos asesinados, un obispo desesperado se reunió con capos del narcotráfico para intentar frenar el derramamiento de sangre.

Según sus informaciones, el 45% de las comunidades es controlado por el crimen organizado, una tendencia en alza. Los ejemplos abundan: el ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo, que dimitió en 2013, resultó ser un títere del cártel "Caballeros Templarios", lo cual llevó al levantamiento de las llamadas autodefensas. De ahí que Buscaglia, quien en México dirige el Instituto de Acción Ciudadana, hable de un Estado "débil cooptado por la mafia".

Imposible proteger a todos los candidatos. En base a un informe de la organización estadounidense Global Financial Integrity (GFI), Buscaglia asegura que, tras China y Rusia, México tiene la tercer mayor economía sumergida (informal e ilegal) del mundo.

Durante mucho tiempo, las instituciones mexicanas ignoraron el fenómeno. En días pasados, por lo menos hubo condenas verbales y declaraciones de buenas intenciones. El periódico Milenio informa que el Instituto Nacional Electoral recibió peticiones de ayuda de parte de candidatos parlamentarios por lo que habría exigido una respuesta de las autoridades.

Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, pidió "protocolos de seguridad". Sin embargo, puesto que el primero de julio de 2018 se elegirán más de 18.000 cargos, será imposible proteger a todos los candidatos.

"La lista de las comunidades infiltradas sigue creciendo, las redes criminales alcanzan cada vez más instituciones estatales, pero no existe una estrategia para impedirlo ni hay suficientes agentes policiales capacitados", señala Edgar Córtez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

 

La impunidad alimenta la espiral de violencia. La impunidad alimenta la espiral de violencia. En el estado de Guerrero, donde hasta ahora se ha registrado el mayor número de candidatos asesinados, un obispo desesperado se reunió con capos del narcotráfico para intentar frenar el derramamiento de sangre.

De acuerdo con los expertos consultados por DW, no hay mucha esperanza de que la situación mejore. Las comunidades son el eslabón más débil, dice Reveles. Los carteles no solo quieren controlar las rutas de contrabando, sino que están interesados en obtener contratos públicos para lavar el dinero ilegal, así como en recaudar cuotas de protección y en las extorsiones.

Por ello ocupan cargos estratégicos como la jefatura de la Policía, la tesorería municipal, las alcaldías y los consejos municipales – y eliminan a todo aquel que se les oponga. Buscaglia habla de un círculo vicioso: "La falta de transparencia en la postulación de los candidatos y la financiación de los partidos, así como la falta de controles por parte de la Justicia o las autoridades financieras le abren la puerta a los mafiosos a la política".

En México, muchos candidatos son designados por la cúpula de los partidos sin consultar a las bases. Observadores estiman que la financiación de las campañas electorales rebasa diez veces el límite permitido.

Por su parte, Cortéz critica que ninguno de los candidatos ha presentado un programa convincente para enfrentar el crimen organizado. Buscaglia cree que esto se debe a que la medidas necesarias -elecciones preliminares dentro de los partidos, una Justicia autónoma o una revisión de cuentas eficiente- debilitarían el poder de los partidos políticos y de sus caudillos, algo que ninguno de los candidatos principales desea cambiar.