Además de los problemas colaterales, asociados con la violencia, el creciente nivel de tolerancia a las drogas en países como EE.UU. generan un impacto transnacional.

El representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena, Luis Alfonso de Alba, advirtió sobre la existencia mundial de un desequilibrio entre los esfuerzos para controlar la oferta y los hechos para reducir la demanda de las drogas.

Explicó que México, Colombia y Guatemala convocaron a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU para el año entrante, porque reconocieron que la estrategia de combate al narcotráfico no está funcionando.

“Tenemos una estrategia aprobada desde 1999 (y que va hasta el año 2019) que no está dando los resultados esperados. No sólo estamos hablando de deficiencias en la reducción de la oferta o en el consumo, sino que hablamos crecientemente de problemas colaterales, asociados, de violencia; problemas que afectan a la sociedad en su conjunto y ya no sólo a quien consume, produce o trafica”.

A esta realidad, dijo, deben sumarse nuevas tendencias de países donde el nivel de tolerancia para permitir actividades relacionadas con las drogas -como la legalización de la mariguana en Uruguay-, habría al menos que discutirlo en términos de su compatibilidad de impacto transnacional que estas políticas tendrán.

“No puedo imaginar que de un lado de la frontera por una misma actividad se paguen impuestos y del otro lado se vaya a la cárcel. No puedo imaginar que el consenso internacional se pueda mantener cuando unos países ponen un número tan elevado de muertos, de recursos financieros para el combate de una guerra que no ha funcionado”.

Además de este tema, Luis Alfonso de Alba anunció que durante el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, a celebrarse en el 2016, se abordarán nuevos fenómenos como el del surgimiento de drogas sintéticas que pueden ser más baratas, peligrosas, fáciles de producir y capaces de cambiar la relación que hay entre estados: de país productor, tránsito y consumidor.

“Estamos haciendo un esfuerzo tanto en materia de combate a las drogas (...) como prevención del delito (...), en un contexto donde se tiene que integrar esto a los esfuerzos de desarrollo. No puede quedar en un tema aislado con soluciones exclusivas y aplicación de la ley de manera punitiva; tiene que haber un ejercicio que permita la reconstrucción del tejido social y oportunidades para las comunidades afectada(s) por el crimen organizado y el narcotráfico”, concluyó.

Mala noticia, 
recorte de presupuesto. El representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC por su sigla en inglés), Antonio Luigi Mazzitelli, consideró como una “lástima” que el gobierno mexicano haya recortado más de 30% al gasto destinado al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pero consideradas las necesidades financieras del país, justificó, fue una medida obligada.

En el marco de su participación en el foro México en el Mundo, organizado por el Senado de la República y la Cancillería, Mazzitelli explicó la necesidad de que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación salga adelante con el programa para hacer frente al problema de delincuencia y violencia.

Ante el recorte recomendó maximizar y sistematizar y hacer más eficiente las inversiones en materia de prevención del delito para, de alguna manera, compensar la medida anunciada por el subsecretario Roberto Campa Cifrián.

Enfatizó que es imperativo continuar con las inversiones en el campo de la prevención, pues los resultados requieren tiempo para gestarse.

“Es una inversión necesaria, hacia el futuro, que brinda soluciones mucho más sustentables, equilibradas y que soportan el desarrollo social y económica del territorio”.

Abundó en que los problemas de seguridad y justicia no cambiarán de un día para otro; los problemas de seguridad y justicia -que están estrechamente relacionados al territorio—necesitan tiempo para llevar a cabo las reformas institucionales y se construya el entorno en donde el ciudadano comience a colaborar a sentirse seguro, respetar las leyes y a cerrar, junto con las instituciones, los espacios para la cultura criminal.

“Para nosotros las drogas son un problema de salud, tiene que enfocarse en medidas de prevención, tratamiento y eventualmente rehabilitación y reinserción social”, sostuvo Mazzitelli durante su exposición.