Nogales, México. Secuestrado por bandidos, y atrapado y repatriado tres veces por la Patrulla Fronteriza estadounidense, el inmigrante mexicano Roberto Santos dice que la nueva ley sobre inmigración de Arizona es la menor de sus preocupaciones.

"No me interesa si me dicen que van a juzgarme para darme cadena perpetua. Yo voy a seguir intentándolo", dijo Santos, de 30 años, sentado en una banca fuera de un proyecto de asistencia para los inmigrantes ubicado en esta bulliciosa ciudad, junto al sur de la frontera con Arizona.

"No hay otra opción, México está muerto (...) Simplemente no quiero seguir aquí. Ya no tengo una vida aquí", agregó Santos, quién pasó más de una década en Los Angeles, antes de ser deportado recientemente.

El mes pasado, Arizona aprobó una nueva ley para remover a 460.000 inmigrantes ilegales del estado desértico, que representa uno de los principales corredores para los traficantes de personas y drogas procedentes de México.

Pero pese a la represión que se avecina -bajo la cual la policía estatal y local deberá chequear el estatus de cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal cuando entre en vigencia a fines de julio- los migrantes siguen sin inmutarse, dijeron autoridades en ambos países.

El sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que ha arrestado a 148.000 personas en el sur de Arizona entre octubre y abril, unos 8.000 más que en el mismo período el año pasado.

En México, la agencia de bienestar para inmigrantes Grupo Beta dijo que su personal sigue asistiendo a unos 150 a 200 inmigrantes al día, ya sea quienes van al norte en busca de trabajo o quienes fueron enviados de vuelta por las autoridades estadounidenses que han incrementado las deportaciones.

"La gente está partiendo, otros están siendo repatriados, así que no veo un cambio", dijo Enrique Enríquez, director del centro de Grupo Beta, que se ubica a unas pocas cuadras al sur de la oxidada valla fronteriza en Nogales.

La controvertida ley nueva es apoyada por casi dos tercios de los votantes de Arizona, y una mayoría de los adultos estadounidenses.

“No tenemos comida en casa”. Los opositores dicen que la medida es inconstitucional y que es un mandato para la discriminación racial, y han lanzado apelaciones legales y un boicot económico para tratar de desbaratarla.

Se prevé que el presidente mexicano, Felipe Calderón, proteste contra la ley cuando se reúna este miércoles con su homólogo estadounidense, Barack Obama, en Washington para una cena estatal.

La ley ha sido blanco de críticas por parte de gobiernos y organismos internacionales, y ha llevado a la comunidad hispana en Estados Unidos a manifestarse en la calles tachándola de discriminatoria y contraria a los derechos humanos.

Entre quienes están particularmente motivados para ir hacia el norte, pese a la nueva ley, están los inmigrantes ilegales que solían vivir en Estados Unidos y fueron alcanzados por las deportaciones, que alcanzaron un récord de 387.790 el año pasado, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Parado en medio de un grupo de 10 inmigrantes en la ciudad fronteriza mexicana, Miguel López dijo que él se arriesgará tantas veces como sea necesario al arresto y deportación para reunirse con su esposa y dos hijos en Carolina del Norte.

"Tendremos que ver quién se cansa primero", dijo López, de 31 años, encogiéndose de hombros. "Debo seguir intentando, porque mi familia está allá. No tengo nada en México", agregó.

Pese a la promesa de una mayor vigilancia bajo la ley, algunos inmigrantes primerizos agregaron que la pobreza los impulsó a buscar una vida mejor en Estados Unidos, y que igual se dirigirían hacia Arizona.

"Escuchamos sobre la nueva ley de Arizona en las noticias, pero necesitamos trabajar", dijo Gerardo Perez, de 30 años, un granjero que dijo que ganaba 80 pesos al día -unos 6 dólares- en su estado natal de Chiapas, en el sur de México.