San Salvador. Decenas de militares retirados y familiares de nueve oficiales acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra de 1980 en El Salvador marcharon para protestar contra una posible extradición a España.

La Audiencia Nacional de ese país pidió una orden de captura para nueve militares a los que pretende juzgar por el crimen de los seis sacerdotes, de los cuales cinco eran españoles y uno salvadoreño.

El asesinato de los religiosos, además del ama de llaves de la universidad donde fueron atacados y una hija adolescente de la mujer, ocurrió en 1989 y es de los casos más emblemáticos del conflicto, que finalizó en 1992 y dejó 75.000 muertos.

Los manifestantes, que vestían de blanco o con ropa militar, gritaron consignas nacionalistas frente a la embajada de España en San Salvador en contra del proceso, al que consideran una injerencia en los asuntos internos del país.

"No hay un asidero legal para que un juez español (Eloy Velasco) venga a querer hacer justicia en nuestro país, en nuestro territorio, queremos que respeten nuestra soberanía", dijo el coronel José Hernández, coordinador del llamado Movimiento por la Paz, la Dignidad y la Soberanía.

Los miembros de la agrupación consideran que el crimen de los sacerdotes fue juzgado en El Salvador y que en 1993 se aprobó una Ley de Amnistía que indultó a los protagonistas de numerosas muertes durante la cruenta guerra.

Familiares de uno de los sacerdotes recurrieron a la Audiencia Nacional por considerar que no se había hecho justicia en El Salvador, donde se adjudicó toda la responsabilidad de los asesinatos a dos coroneles quienes, tras pasar en prisión poco más de un año, fueron beneficiados por la ley y salieron en libertad.

Nueve de los 20 militares están detenidos desde hace cinco días en la Brigada Especial de Seguridad Militar, a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la extradición.