El gobierno determinó este lunes enviar a las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas como una medida inmediata para el combate a la delincuencia y la criminalidad en Honduras.

La decisión fue adoptada por el propio presidente Porfirio Lobo ante los hechos criminales registrados en las últimas semanas.

"Las instrucciones precisas del presidente Lobo Sosa es que los militares nos acompañen en las ciudades donde se necesite y se requiera labores de patrullaje conjunto, de esta manera frenaremos la ola de violencia en el país", dijo el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, tras una reunión en la que participaron autoridades Defensa, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante el encuentro, Lobo giró instrucciones para que a partir de este día se trabaje con los poderes Legislativo y Judicial en el establecimiento de una política criminal de Estado, en la que se contemple solventar las necesidades presupuestarias de los entes de seguridad, reforzar la investigación y eficientar el Código Procesal Penal.

"En ningún momento se está tratando de echar atrás el Código Procesal Penal, sino que se busca la manera de eficientarlo a través de las reformas necesarias, que con el apoyo del Congreso Nacional, sabemos que se concretarán", explicó Álvarez.

Entretanto, el secretario de Defensa, Marlon Pascua, quien no sabe nada de seguridad, aseveró que para seguir al pie de la letra las determinaciones tomadas por el Ejecutivo y consensuadas con los actores claves en el tema, se pondrán a disposición todos los elementos militares necesarios para dar golpes más certeros al crimen organizado.

"El Presidente ha sido claro con nosotros, va a apoyarnos en todo lo que se requiera, recordemos que la población ha pedido en varias ocasiones esta medida", indicó.

En la reunión, promovida por Lobo en Casa Presidencial, participaron el presidente del Congreso, Juan Hernández; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés; el ex presidente, Ricardo Maduro; el Fiscal General del Estado, Luis Rubí, y los ministros de Interior y Población, Áfrico Madrid, y de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Igualmente, el director de la Policía Nacional, comisionado José Luis Muñoz Licona.

Preparativos. Más temprano, en las instalaciones del Cuartel General de Casamata, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, Asociación de Jueces y el Colegio de Abogados, entre otros, establecieron trabajar unidos en el combate a la impunidad.

En el encuentro se trataron temas como la aplicación de un programa de reducción de la impunidad, mejoramiento de la investigación, el accionar ante los fiscales y que a los jueces no les tiemble la mano para aplicar la ley. También se habló sobre la aplicación de penas más severas en contra de los criminales que atenten en contra de operadores de justicia como policías, jueces y fiscales, entre otros.

Se habló de condenas de 50 años de reclusión y hasta de cadena perpetua a los que cometan ese tipo de delitos, lo que abarca los crímenes contra pastores, periodistas y abogados, entre otros. El titular de Seguridad, Óscar Ál varez, explicó que se creó una comisión de trabajo en busca de reducir la impunidad, mejorar la investigación de parte de la Policía, así como de la actuación de fiscales y jueces.

En el diálogo se trató sobre las capturas; que los allanamientos puedan realizarse las 24 horas y no esperar las 6:00 de la mañana para ejecutar una acción policial. La ampliación para inquirir sea de 72 y no de 24 horas para mejorar la investigación, según dijo Álvarez.

Para poder efectuar estas aspiraciones, Honduras tendría que hacer reformas al Código Penal, a la Constitución e inclusive denunciar tratados internacionales.

Los jueces de jurisdicción nacional y de jueces sin rostro volvieron a ser tema de discusión. Asimismo, la manera de mejorar la seguridad de jueces y demás operadores de justicia.

El presidente de la Corte Suprema, el fiscal general y los otros funcionarios también dieron sus puntos de vista en relación a la lucha contra la criminalidad y la delincuencia en sus diferentes ramas.

El presidente de la Asociación de Jueces, Teodoro Bonilla, propuso endurecer las penas y que no hayan medidas sustitutivas en casos de crimen organizado, sino que darle cumplimiento al artículo 184 del Código Penal.

También pidió la ampliación en la investigación, que la Policía no solo tenga 24 horas para recoger y presentar las pruebas, sino que el tiempo para inquirir sea de 72 horas para que los jueces presenten los autos de prisión fundamentados en las pruebas y que las audiencias iniciales se celebren no a los seis, sino a los 12 días para que los casos se investiguen mejor.