Brasilia. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta un complicado escenario, pues el Ministerio Público de Brasilia pidió a la justicia federal iniciar un proceso en su contra por malversación de fondos públicos y solicitó bloquear sus bienes.

La fiscalía considera que el ex mandatario junto a su ministro de Previsión Social, Almir Lando, utilizó el aparato público entre octubre y diciembre de 2004 para promoción personal, a través del envío de más de 10 millones de cartas a jubilados de todo Brasil, informa Globovisión.

Según la investigación, la impresión y el envío de la correspondencia costó al fisco, unos US$3,4 millones, dijo El Mundo.

Si bien los mensajes informaban a los beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) sobre la oportunidad de obtener "préstamos con intereses reducidos", a juicio de la Fiscalía, los textos carecían de "interés público" y tenían "carácter educativo, informativo o de orientación social" como lo exige la ley.

En el comunicado emitido por el Ministerio Público se denuncia que el gobierno buscaba también "favorecer" al BMG, que era el único banco privado que en ese momento podía conceder dichos préstamos.

Esa institución financiera se vería envuelta meses más tarde en el llamado 'escándalo de las mensualidades', que hizo tambalear al gobierno de Lula.

La Fiscalía añade que la acción iniciada “quiere el resarcimiento a los cofres públicos de todos los valores gastados indebidamente. Si fueran condenados por la Justicia, los acusados podrán, incluso, tener sus derechos políticos suspendidos; pagar una multa; quedar impedidos de contratar o recibir beneficios del Poder Público; y perder la función pública o jubilación, si fuera el caso".

En ese marco, la entidad pide el bloqueo de los bienes de Luiz Inácio Lula da Silva y su ex ministro.