A la banda denominada los Sierra Ovando, integrada por agentes de la Policía Nacional Civil, ex policías y civiles, según la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP), se le atribuye la muerte de al menos cien personas en Guatemala, Escuintla, El Progreso y Baja Verapaz.

Esa agrupación criminal es señalada de limpieza social, robo de droga, dinero y sicariato, y existe desde el 2008 y sigue operando, según la investigación del MP.

Hasta el momento han sido capturados 20 integrantes de esa red, incluidos agentes que fueron apresados en servicio, ex policías y civiles. Cuatro cabecillas siguen prófugos.

Algunos de los detenidos prestaban servicio en la Comisaría 15, que tiene a su cargo la seguridad de cinco municipios al sur de la capital, entre ellos Amatitlán.

El análisis balístico determinó que con las armas incautadas a esa banda se logró establecer que participaron en al menos cien crímenes. Sin embargo, ese número podría aumentar, ya que hay más personas desaparecidas posibles víctimas de la red, indicaron investigadores.

Forma de operar. Según las pesquisas, para cometer los crímenes, los exagentes se hacían pasar como activos, ya que tenían insignias de la institución. Después de que identificaban y ubicaban a sus víctimas, les interceptaban el paso, las llevaban a otro sitio y las mataban.

Fiscales del MP refirieron que algunas víctimas eran presuntos delincuentes que cometían extorsiones y robos.

En otras ocasiones eran contratados como sicarios.

Ubicaban a la víctima, y le hacían creer que tenía orden de captura. La secuestraban, y exigían rescate. En muchos casos la persona ya no aparecía.

Los propios policías entregaban a los detenidos a esa agrupación para desaparecerlos. También montaban falsos puestos de registro en carreteras.

Se tienen documentados 75 expedientes, que hacen suponer que sus víctimas podrían superar las cien.

Encuentran cráneo. Después de cuatro días de excavación en La Ceibilla, Agua de las Minas, Amatitlán, fiscales del MP y agentes de la PNC encontraron ayer dos automotores enterrados. En uno de los vehículos, tipo agrícola, había un cráneo.

Según la investigación, las personas que se desplazaban en esos carros fueron reportadas desaparecidas.

Con maquinaria pesada, las autoridades lograron desenterrar los autos.

Fiscales, policías y bomberos son auxiliados por un arqueólogo que, según avanza la excavación, detiene el proceso para registrar minuciosamente los hallazgos.

En el área montañosa de El Ceibillo, kilómetro 29 de la ruta al Pacífico, el órgano investigador, con el apoyo de los Bomberos Voluntarios, sigue las excavaciones en busca de restos humanos.

Agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), armados con fusiles Tabor, mantenían vigilada el área, para impedir que reporteros de medios de comunicación ingresaran.

Para llegar al sitio de los hallazgos hay que ingresar en vehículo de doble tracción en un camino arenoso.

El hermetismo respecto del trabajo de los peritos del MP se mantuvo todo el día, y solo se veía el ingreso de fiscales en vehículos oficiales. Si alguien intentaba acercarse por las laderas o los sectores montañosos, los agentes de las FEP de inmediato empuñaban las armas y lo retiraban.

Las unidades bomberiles, para ingresar en el sitio a apoyar la diligencia, eran minuciosamente registradas por los policías, quienes mediante teléfono celular consultaban si estaba autorizada.

Incluso, una de las ambulancias que transportaba a socorristas con alimentos para sus compañeros fue revisada con rigor por los agentes, para asegurarse de que no viajaba ninguna persona ajena a ese cuerpo de socorro, y luego de pedir nombres, documentación y rangos, permitieron el ingreso del automotor.

Los bomberos explicaron que al entrar en el área de la diligencia los despojaban de teléfonos celulares y cualquier equipo fotográfico que pudieran portar, y les ordenaban no dar ninguna información.

Un socorrista informó que el área es un lugar de difícil acceso, debido a la arena, lo cual ha dificultado el trabajo de excavación.

Red procesada. Algunos de los integrantes han sido capturados y están en prisión preventiva.

Manuel de Jesús Ovando Ábrego, Luis Antonio Barrientos Guerra, Josué Oswaldo Muñoz Godoy y Ángel Guillermo Aroche trabajaron en la PNC. Adolfo Javier Franco Antón, Adán Alfredo Téllez Gaitán y Víctor Hugo Ruano Boch, de la Comisaría 15, fueron capturados mientras prestaban servicio, entre otros integrantes policiales que han sido detenidos en las últimas semanas.

Están en prisión preventiva por ejecución extrajudicial, según resolvió el Juzgado B de Mayor Riesgo.

Los civiles están procesados por asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa y secuestro.

Los crímenes que les imputan a los aprehendidos pudieron haber sido cometidos del 2008 al 2013. La banda sigue operando.