El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, expresó su confianza en que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se emitirá en los próximos días, sea favorable para el Estado y reivindique la imagen y el honor de los comandos Chavín de Huántar.

Cuestionó que desde el año 2001 “se persiga judicialmente” a los valerosos agentes de este escuadrón, quienes en abril de 1997 rescataron con éxito a los 72 rehenes secuestrados por terroristas del MRTA en la residencia del embajador japonés, en Lima.

“Los comandos no tienen ninguna responsabilidad en las acusaciones que se les han planteado y, a partir de allí, creemos que deberían ser absueltos. Varios de ellos hasta han tenido órdenes de captura, se han tenido que esconder como si hubieran hecho algo malo”, señaló.

Según indicó, los comandos Chavín de Huántar lo único que hicieron en dicha operación de rescate fue cumplir con su deber, por lo que –dijo- debería ponerse fin “de manera definitiva” a esta persecución contra ellos por las supuestas ejecuciones extrajudiciales que les son atribuidas.

Aseguró que el actual gobierno, a diferencia de los anteriores, se preocupó por la situación judicial de los comandos, e incluso apostó por una defensa real y efectiva de ellos.

“Nosotros trajimos peritos, a los mejores médicos forenses del mundo. Esta sí ha sido una defensa real y efectiva. Antes habían sido dejados de lado. Todos los comandos esperan que este fallo sea reivindicatorio. Esto tiene que acabar porque el cuerpo ya no resista más”, remarcó.

Para Adrianzén, existe optimismo en que la sentencia, que se emitirá a más tardar el 17 de mayo, sea favorable para los intereses del Estado, pues –opinó- los agentes Chavín de Huántar no tienen responsabilidad en los hechos que les son imputados y, por lo tanto, “se les debe absolver”.

Una absolución al Estado peruano, anotó el ministro, dejaría plenamente acreditado que no se cometió ningún exceso en la operación de rescate y que los agentes militares del Perú no tuvieron ningún grado de responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Como se recuerda, una organización que defiende a los familiares de los terroristas que murieron durante la operación llevó el caso al referido tribunal interamericano, argumentando que hubo ejecuciones extrajudiciales en el rescate, como en el caso del emerretista camarada “Tito”.

En diciembre del 2011, el caso del rescate de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador pasó a la corte, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un informe de fondo desfavorable al Perú.