La Paz. “No podemos hacernos la burla, hay que ser serios en este tema, hay una comisión oficial y es a la cual vamos a responder las preguntas”, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Milton Claros, sobre la posibilidad de entregar información vinculada con el caso Odebrecht a la comisión legislativa paralela que conformaron opositores.

“La comisión oficial nos ha hecho llegar una nota formal para empezar el tema de coordinación (…) para ver quiénes son los que conforman la comisión y cuál es el conducto y el canal por el cual nos vamos a comunicar, entonces nosotros estamos prestos a enviar cualquier información que nos requiera”, sostuvo.

Los opositores, la mayoría de Unidad Demócrata, conformaron una misión alterna para indagar ése y otros contratos que vinculan al gobierno de Evo Morales con las firmas brasileñas que se adjudicaron la construcción de carreteras y no solo el caso específico de los contratos de Bolivia con las firmas Odebrecht y Camargo Correa.

Los opositores ya agendaron una cita para el 8 de mayo con jurista Audalia Zurita, quién fue abogada del ex presidente del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, con el fin de recabar información de la denuncia de presuntos hechos de corrupción de algunas empresas brasileñas.

Mientras que la Comisión Especial Mixta de Investigación para ese caso del Legislativo comenzó a funcionar y decidió dar partida a la pesquisas desde la gestión del ex presidente Carlos Mesa.

Los opositores, la mayoría de Unidad Demócrata, conformaron una misión alterna para indagar ése y otros contratos que vinculan al gobierno de Evo Morales con las firmas brasileñas.

Según la presidenta de esa repartición, diputada Susana Rivero, durante su gobierno hubo una carta de intenciones que en el punto 14 menciona una línea de crédito de US$600 millones para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Pero además revisará los acuerdos firmados con Odebrecht y Camargo Correa en la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé.

La comisión requerirá información por “canal oficial” a distintas entidades estatales, entre ellas la Procuraduría General del Estado; la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF);  Fundempresa que opera el Registro de Comercio de Bolivia (RCB) y a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape).

Además, a los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Viviendas y su repartición la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); al de Economía y Finanzas Públicas; de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, para realizar la investigación.

Precisamente la ABC ya tiene lista la documentación y espera el requerimiento de la Comisión, según confirmó el ministro Claros, quien precisó que “ellos están con los archivos preparados para poder responder la información que nos pidan”.