Asunción. El ministro de Defensa de Paraguay puso el cargo a disposición del presidente Fernando Lugo, acosado por un juicio político en el Congreso de mayoría opositora, en una movida que dio vía libre al mandatario para elegir a un sucesor.

La decisión del general retirado, Luis Bareiro Spaini, se produjo cuatro días después de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio, el primero a un integrante del gabinete de Lugo, y cuando el Senado se disponía a juzgarlo por mal desempeño de funciones.

"Tengo a bien expresar a Vuestra Excelencia, para su necesaria consideración, la disponibilidad del cargo de ministro de Defensa Nacional", señaló la nota de Bareiro.

El ministro no explicó los motivos de su determinación pero aseguró haber colaborado de una manera "correcta, eficaz, honesta y solidaria en la administración iniciada el 15 de agosto de 2008", fecha en la que Lugo asumió la presidencia.

Lugo "se tomará su tiempo" para decidir si reemplaza al funcionario y no adoptará ninguna decisión a corto plazo, dijo el ministro de Comunicaciones, Augusto Dos Santos a la radioemisora Ñandutí.

El conflicto con Bareiro amenaza con profundizar los roces entre el Gobierno y el Congreso, y representa una señal de alerta a otros miembros del gabinete de Lugo, quien fue diagnosticado recientemente con cáncer y se encuentra cumpliendo una agenda reducida por motivos de salud.

El juicio a Bareiro se planteó tras el robo de tres fusiles de guerra de una unidad militar y luego de que el ministro no atendiera un llamado del Congreso para dar explicaciones, en el epílogo de una tensa relación de ribetes ideológicos.

Bareiro es identificado como uno de los hombres de izquierda del gabinete y tuvo un voto de censura anterior en el Congreso por una crítica a la embajadora de Estados Unidos. Lugo le dio su apoyo en varias oportunidades.

Inicialmente los militares dijeron que hombres encapuchados asaltaron el puesto de control del Comando del Ejército en las afueras de Asunción para robar las armas, pero la fiscalía sospecha que los propios oficiales vendieron los fusiles y denunciaron el robo para justiciar el faltante.

Bareiro, quien recibió apoyo del Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda, fue llamado para dar explicaciones pero no asistió argumentando que no podía comentar un hecho que estaba siendo investigado.

Paralelamente, divulgó un comunicado diciendo que era víctima de una persecución que tenía como objetivo final la destitución del propio Lugo.