El gobierno tiene un compromiso firme contra la corrupción, a pesar de que esta política pueda traer algunas consecuencias económicas, afirmó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El mayor ejemplo de esta situación es el cierre financiero del Gasoducto Sur Peruano (GPS), explicó. 

Al respecto, indicó que este lunes la empresa Odebrecht deberá demostrar que pudo conseguir financiamiento para continuar con esta obra, que dotará de gas al sur del país.

“El gobierno tiene un compromiso firme contra la corrupción, como parte del proceso de intento de salida de Odebrecht se nos pidió modificar la cláusula de corrupción y no accedimos, luego se nos pidió evaluar una posibilidad de extensión de plazo y no lo hicimos. El gobierno prioriza la lucha contra la corrupción aun cuando tenga consecuencias económicas, ese es el punto”, dijo en Cuarto Poder. 

En ese sentido, adelantó que el mecanismo de financiamiento, que involucraba un pago a través de los recibos de luz, se eliminará tras algunas medidas legales que emitirá el gobierno.

Recordó que el contrato suscrito establece que si el concesionario no logra conseguir los recursos, deberá ejecutarse una penalidad, es decir, una carta fianza de US$ 262 millones y se termina el acuerdo. 

Asimismo, adelantó que el contrato suscrito tiene características “inusuales”, pero, a pesar de ello, se nombrará un comité para ver una nueva licitación del gasoducto, aunque ello tomará tiempo.

“Queremos que los ciudadanos del sur no sean perjudicados con el retraso en las obras del gasoducto, pero se acelerará los esquemas alternativos para asegurar el gas en la zona sur antes de dos años”, afirmó.

En ese sentido, precisó que Arequipa, Moquegua y Tacna, contarán con gas natural para el mes de junio.