Tegucigalpa. La misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras acusó este miércoles al Congreso de obstaculizar sus investigaciones sobre un millonario desvío de fondos públicos que ha salpicado a diputados y funcionarios de alto rango.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que opera en el país centroamericano desde 2016 a petición del Gobierno de Juan Orlando Hernández, dijo que la Ley de Presupuesto recién aprobada impediría a la Fiscalía investigar y encausar judicialmente a decenas de posibles imputados.

"No entendemos cómo es posible que se pueda haber emitido una norma que lo que busca es impunidad y que afecta el trabajo de lucha contra la corrupción", dijo en conferencia de prensa el portavoz de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez, agregando que la medida puede afectar a pesquisas "presentes y futuras".

La MACCIH apoya al Ministerio Público en un caso conocido como "Red de Diputados", que habría desviado fondos sociales por unos 55 millones de dólares entre 2011-2015, en el que se investiga a más de 60 legisladores y funcionarios, incluyendo a Mauricio Oliva, jefe del Congreso por el oficialista Partido Nacional y cercano colaborador del presidente.

Jiménez aseguró que la Ley de Presupuesto paralizaría al menos durante tres años las investigaciones y causas penales de la Fiscalía mientras el Tribunal Superior de Cuentas analiza la liquidación de fondos públicos destinados a ayudas sociales de 2006 a 2018.

Hasta ahora, cinco diputados han sido imputados y encausados por el desfalco, que también afecta a ejecutivos de una treintena de ONGs. Los legisladores enjuciados e investigados se han declarado inocentes.

El Congreso calificó de "malintencionadas" las declaraciones del jefe de la MACCIH y aseguró en un comunicado que la norma "lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas" al solicitar que revisen los fondos para programas sociales desde 2006, sin que esto afecte a las investigaciones en marcha.

Hasta ahora, cinco diputados han sido imputados y encausados por el desfalco, que también afecta a ejecutivos de una treintena de ONGs. Los legisladores enjuciados e investigados se han declarado inocentes.

El Gobierno no emitió de inmediato comentarios sobre la declaración de la MACCIH.

"El traslado de dineros públicos a hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que se queden en bolsillos de los diputados públicos, que los usaban no para proyectos", señaló Jiménez.