México. La estrategia contra la infiltración del crimen organizado en las alcaldías que implementará México está inspirada en un exitoso mecanismo aplicado en Italia, informó hoy el Gobierno mexicano.

"Este es un mecanismo muy novedoso, un mecanismo que ya ha probado éxito en Italia y los detalles los podremos dar una vez que se presente la iniciativa", dijo a la cadena mexicana Televisa el portavoz de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

En Italia, una vez que se tienen indicios de que existe una infiltración de este tipo, "se establece un periodo muy corto para que se haga una investigación y si se comprueba que existen indicios suficientes para una intervención", el gobierno federal asume el control, explicó.

La ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales es una de las diez medidas que anunció este jueves el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la capacidad institucional en materia de seguridad, en medio de la crisis que generó la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala.

Los estudiantes de la escuela de formación de docentes de Ayotzinapa se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, cuando policías corruptos de Iguala y Cocula los atacaron a tiros, retuvieron y entregaron al cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron.

"Buscamos que no vuelva a ocurrir un evento como en Iguala, en donde un presidente municipal, a través de su director de Seguridad Pública, cometió un crimen atroz por estar vinculado al crimen. Este paquete de medidas responde a esa necesidad", indicó Sánchez.

Según el testimonio de varios policías detenidos por este caso, el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa -en el que murieron seis personas- fue ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido el 4 de noviembre en Ciudad de México. El director de Seguridad, Felipe Flores, aún se encuentra prófugo.

El presidente anunció que el lunes, cuando cumple dos años en el poder, enviará al Congreso una reforma constitucional que prevé que el gobierno federal "asuma el control de los servicios municipales" o la disolución de un ayuntamiento "ante indicios suficientes de vínculos entre la autoridad local y la delincuencia organizada".

La nueva estrategia de seguridad del gobierno también incluye la creación de "sólidas" corporaciones de seguridad en los 32 estados del país que reemplazarán a los más de 1.800 cuerpos policiales que operan en los municipios, buena parte de ellos infiltrados por el crimen.

Además, el gobierno creará un teléfono único para emergencias, a nivel nacional, una clave única de identidad para los ciudadanos, fortalecerá los instrumentos para proteger los derechos humanos y buscará combatir con mayor eficacia la corrupción, entre otras medidas.