El líder indígena abandonó su tradicional estilo desafiante, parecido al de su aliado socialista venezolano Hugo Chávez, para adoptar una estrategia de concertación.

La Paz. El izquierdista Evo Morales iniciará este domingo su séptimo año en la presidencia de Bolivia, con la urgencia de recuperarse de una seguidilla de tropiezos y la necesidad de buscar alianzas para avanzar en megaproyectos vitales para el empobrecido país

El líder indígena abandonó su tradicional estilo desafiante, parecido al de su aliado socialista venezolano Hugo Chávez, para adoptar una estrategia de concertación que lo ha llevado a buscar insospechados acuerdos con empresarios privados y parte de la oposición política.

Se avisora así un nuevo Morales, más pragmático y conciliador, tras haber perdido en los últimos 12 meses buena parte del capital político acumulado en el quinquenio previo de "refundación" del país, con sello indigenista y socialista.

"Ante una especie de crisis interna y dispersión de sus bases, el gobierno trata de cohesionar nuevamente a las organizaciones sociales y acercar a otros sectores (...), quiere reconducir el proceso de cambio", dijo el analista Franklin Pareja, docente de la universidad estatal de La Paz.

En el último año, las protestas de las bases sindicales e indígenas del gobierno cuestionaron el liderazgo y la capacidad de Morales para completar sus planes económicos, aunque no han llegado a poner en riesgo evidente la gobernabilidad.

Megaproyectos industriales, de infraestructura y de explotación de recursos naturales son parte de una ambiciosa lista de planes para los tres años que restan al segundo mandato de Morales, que él prefiere señalar como primero del ahora "Estado plurinacional".

Las protestas bloquearon un alza de combustibles y la construcción de una importante carretera selvática financiada por Brasil, provocando una tensión política que opacó el crecimiento económico de al menos 5,1% alcanzado por Bolivia en un 2011 signado por crisis mundial.

Las promesas. Morales va a necesitar no sólo tranquilidad social sino también apoyo empresarial y político para ejecutar varios megaproyectos con los que pretende acelerar el crecimiento del país, todavía entre los más pobres del continente pese a que bajo su mandato ha registrado excelentes cifras macroeconómicas.

Entre esos planes estatistas destacan la multiplicación por cinco de las reservas de gas que Bolivia bombea a Argentina y Brasil; la industrialización de hidrocarburos y del litio, este último todavía no explotado; la expansión de la minería y la primera industria siderúrgica del país.

Morales también quiere construir incontables carreteras y hasta un ferrocarril de alta velocidad que dé a Brasil acceso a puertos chilenos y peruanos sobre el océano Pacífico.

Grandes plantas hidroeléctricas, con miras a la exportación, figuran entre otros planes para los cuales Morales ha dicho que destinaría parte de las reservas monetarias internacionales que hacia fines del 2011 llegaban a unos US$12.000 millones, equivalentes a poco más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).

Para viabilizar varios de esos planes, el gobierno ha dicho que aprovecharía su buen momento macroeconómico para volver al mercado internacional de capitales, después de casi un siglo, con una emisión de bonos soberanos que se espera para mediados del 2012, a la par de nuevas leyes minera, de hidrocarburos y de inversiones, para abrir las puertas a los privados.

Nuevo rostro. Morales comenzó a cambiar su imagen en noviembre del 2011, cuando hizo a un lado su discurso "antiimperialista" y acordó normalizar relaciones con Estados Unidos, incluidos nuevos embajadores, luego de más de tres años de distanciamiento.

Internamente, organizó una larga cumbre social, que concluyó el 11 de enero pasado, en la que la opositora Confederación de Empresarios se sumó a una "agenda de desarrollo" que incluye diálogo permanente y un "pacto por la producción".

Días después, Morales reunió a la mayoría de los partidos de oposición para comprometerlos a cumplir los más de 500 "mandatos" económicos -entre ellos la industrialización de recursos naturales- surgidos de la cumbre social.

Las mayores fuerzas opositoras, que suman menos de un tercio en la oficialista Asamblea Nacional, se autoexcluyeron exigiendo hablar de política antes que de economía.

"Queda la imagen de que el gobierno está tratando de llevar adelante un proceso de participación", dijo Pareja.

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, confirmó el afán de concertación. "Por fin todos estamos comprendiendo la importancia que tiene reconciliarnos", afirmó.

Las sombras. La asunción de Morales en enero del 2006, tras uno de los peores ciclos de inestabilidad de Bolivia, abrió un período de estatización económica que arrancó con una nacionalización de hidrocarburos y el empoderamiento de las mayorías indígenas hasta entonces casi ausentes de la vida política.

La "refundación" quedó consagrada en el 2009 en una Constitución "plurinacional" y debía culminar en el 2011 en una primera elección de jueces nacionales por voto popular, pero el comicio, aunque produjo nuevos magistrados, resultó más agrio que dulce.

Hubo más votos nulos que válidos, en el primer contraste electoral de Morales luego de siete victorias consecutivas.

Los mayores problemas del autoproclamado "presidente de los movimientos sociales" comenzaron en diciembre del 2010 cuando una ola de protestas de sindicatos y organizaciones vecinales lo forzó a anular un alza de precios de combustibles.

Meses después, una larga huelga de la Central Obrera Boliviana, hasta entonces pro gubernamental, le arrancó un aumento salarial mayor al presupuestado. Luego, la marcha de indígenas amazónicos hacia La Paz en rechazo a una carretera en el parque nacional Tipnis puso en entredicho el reconocido discurso ecologista de Morales.

La protesta, que culminó tras ser duramente reprimida por la policía, provocó la solidaridad urbana que, según analistas, se expresó después en el voto nulo en la elección judicial y derivó en una ruptura gobierno-indígenas amazónicos que puso en riesgo los dos tercios del oficialismo en la Asamblea Plurinacional.