Caracas. Autoridades venezolanas detuvieron este jueves a dos funcionarios de la policía científica presuntamente vinculados con la muerte de tres reclusos en una celda del organismo, en un caso que ha agitado la polémica en un país azotado por la violencia.

Los cuerpos de Pedro Rivero y William Nazareth Pérez fueron encontrados hace una semana sin signos vitales en una de las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en la capital Caracas, con muestras de sofocación a causa del hacinamiento en el lugar de reclusión.

Un tercero, Rubén Arnal, falleció durante su traslado a un centro de salud. Los tres presentaron hematomas y derrames de órganos internos, según el informe forense oficial que confirmó muestras de maltrato físico, pero que lo descartó como causa de los fallecimientos.

El Ministerio Público dictó privativa de libertad para el detective Evert Rondón y el agente Alfredo Suárez y se mantiene en la búsqueda del ex jefe de la unidad y otro efectivo.

"Imputaron a los funcionarios policiales Rondón y Suárez Piñate, por la presunta comisión de los delitos de trato cruel a detenido, omisión de socorro y quebrantamiento de pactos y tratados internacionales suscritos por la República", dijo la Fiscalía en un comunicado.

Según datos oficiales, una quinta parte de los crímenes en Venezuela son cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad, tendencia que las autoridades intentan revertir a través de la creación de una Policía Nacional.

El diario local Ultimas Noticias tuvo acceso a un testigo esta semana que aseguró que los fallecidos fueron víctimas de tortura y que las autoridades acostumbran a cobrar tarifas a los familiares de los reclusos para el uso de servicios básicos como el baño, o para recibir visitas o una simple comida.

Fuertes problemas. El crimen y la violencia están entre los principales problemas en el país petrolero sudamericano y restan popularidad al presidente Hugo Chávez, que se prepara para presentarse a la reelección de su cargo en el 2012.

La situación carcelaria en Venezuela, como en gran parte de Latinoamérica adolece de constantes violaciones a los derechos humanos, brutalidad de parte de las autoridades e inquietante hacinamiento.

Según datos oficiales, una quinta parte de los crímenes en Venezuela son cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad, tendencia que las autoridades intentan revertir a través de la creación de una Policía Nacional

El Ministerio de Interior y Justicia ordenó este año la supresión de la cuestionada Policía Metropolitana que rinde funciones en Caracas y es frecuentemente asociada en la mente de los venezolanos con la extorsión y la violencia.

Además, la Fiscalía suspendió a 11 funcionarios de la policía municipal de Chacao, un rico sector de la capital, después de que fuera revelado un video de varios funcionarios golpeando ferozmente a unos detenidos.

"El Gobierno Bolivariano repudia cualquier hecho que vaya en contra del principio sagrado de la vida", dijo el miércoles el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami.

El Legislativo venezolano adelanta una Ley de Desarme que busca reducir el porte de armas ilegales en el país, calculado en hasta 10 millones de unidades, y que estaría agravado por el intercambio de armamento, de forma confidencial, por becas, comida, trabajo o incluso vivienda.