El presidente de la República, José Mujica, atraviesa una de sus peores semanas al frente del Poder Ejecutivo, según analizan incluso desde el Poder Ejecutivo.

Aunque la aceptación es alta (según la última encuesta de Equipos Mori,  el 71% de los uruguayos aprueba su gestión), son al menos cinco los frentes que el primer mandatario asume con preocupación.

En primer lugar se ubica el más reciente: el encontronazo con el ex presidente Tabaré Vázquez, quien salió de forma crítica y decidida a cuestionar la intención del Ministerio de Salud Pública de flexibilizar la legislación antitabaco, lo que fue analizado por el politólogo Daniel Chasquetti como un “veto”.

Tras el Consejo de Ministros de este lunes, el canciller Luis Almagro y el titular de Salud, Daniel Olesker, salieron a explicar que la administración Mujica no pretende dar pasos atrás a la política de Vázquez en la materia.

Por otra parte, la seguridad se coloca en la agenda tras una serie de situaciones complicadas, pero la más sensible fue la muerte de 12 presos en la cárcel departamental de Rocha, tras un incendio accidental, producto de las condiciones de hacinamiento. Esto provocó que este miércoles el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sea el primer secretario de Estado de la actual administración en asistir al Parlamento para ser interpelado por la oposición.

La tercera y no menos importante preocupación para el gobierno son las irregularidades en la Armada Nacional. El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que este lunes asistió al Senado para explicar los pasos que dio, tuvo que separar del cargo a cuatro oficiales de la fuerza del mar para abrirle camino a la Justicia, en la investigación que intenta determinar responsabilidades en millonarias maniobras.

A todo esto, las negociaciones con la República Argentina para acordar un monitoreo conjunto de las aguas del Río Uruguay se dilataron en las últimas horas.

Tras varios encuentros de los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman, la decisión se dilató y las partes no concuerdan con las versiones de los hechos.

Finalmente, la relación con los funcionarios públicos calienta motores con la llegada de la negociación colectiva y la reforma del Estado.

Tras la divulgación del gobierno de un borrador con lineamientos para modificar aspectos de los recursos humanos de la administración pública, los sindicatos salieron al cruce y reclamaron participación. Para presionar gestionan con la central sindical y paro general.