Lima. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), desató indignación y protestas al otorgar el indulto humanitario y derecho de gracia a Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos.

Según el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, la decisión de PKK socava los avances del Estado peruano en materia de reconciliación nacional. Asimismo, ante la gravedad de los crímenes del expresidente Fujimori hubiese sido necesario consultar primero a la comunidad internacional, sostuvo.

Incalcaterra señaló en un comunicado que "la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso".

Agregó que en estas situaciones es necesario considerar "la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo", que respete las normas internacionales de derechos humanos.

"No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación". Amerigo Incalcaterra.

En este contexto, el funcionario de las Naciones Unidas remarcó que las decisiones de las autoridades deben basarse en la obligación del Estado "de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad".

Incalcaterra añadió que "en todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central".

Crímenes de Fujimori "son de interés internacional". "No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación", expresó.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó Perú el pasado octubre, y recalcó a las autoridades que los crímenes cometidos por Fujimori "son del interés de la comunidad internacional en su conjunto", por lo que "debe ser involucrada en este tema tan importante".

El exjefe de Estado Alberto Fujimori fue condenado en 2009 como autor intelectual del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.