Esta martes empieza la ronda 25, última antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de mayo, y que se centrará en la solución al problema de las drogas ilícitas.
“El ciclo 24 de conversaciones ha concluido con avances significativos que nos colocan a las puertas del cierre del tercer punto en discusión: la solución al problema de las drogas ilícitas”. Esta declaración de la delegación de las Farc en La Habana, fechada el domingo 4 de mayo, constituye una optimista antesala a la reanudación de los diálogos. Esta martes empieza la ronda 25, última antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de mayo, y la expectativa está centrada en que lleguen buenas noticias desde Cuba.
Por lo pronto, el pasado miércoles 7 de mayo, el comandante guerrillero Rubén Zamora, que hace parte de la delegación de las Farc en La Habana, escribió en la página digital de la organización insurgente un artículo titulado Colombia puede terminar con el narcotráfico, en el cual admite que hoy están dadas “muchas condiciones para pasar la horrible página del narcotráfico” y que las Farc han aportado más de 50 propuestas para solucionar el asunto de las drogas ilícitas, pero que todo depende de un consenso internacional.
En tal sentido, Zamora, con un largo recorrido en la guerrilla en la región del Catatumbo, considerado uno de los epicentros de la producción de coca en Colombia, dejó explícita una de las fórmulas que seguramente van a salir a relucir en las conversaciones: se requiere convocar una conferencia internacional para evaluar de manera objetiva la lucha contra las drogas, reconociendo la perspectiva de los países consumidores y productores. La idea parte de una convicción que se abre paso en el mundo: el fracaso de la guerra contra las drogas.
El tercer punto de la agenda de diálogos lleva en discusión seis meses, el mismo tiempo que medió entre el acuerdo agrario de mayo de 2013 y el de participación política de noviembre del mismo año. Sólo que esta vez la calentura política está al rojo vivo y en dos semanas se medirán las fuerzas electorales. Se sabe que las Farc no quieren inmiscuirse en el debate, pero en el fondo también tienen claro que el proceso de paz requiere hoy un nuevo acuerdo. Sobre todo en un aspecto que también interesa a la comunidad internacional.
En una agitada semana en la que los escándalos fueron el común denominador, el discurso del presidente Santos, candidato a la reelección, se resume en una frase que repite con frecuencia: “No me detendré en la búsqueda de la paz”. Una decisión que, en el contexto del 25º ciclo de conversaciones que se inicia mañana en La Habana, sin duda intenta obrar como un llamado a los equipos negociadores para que traten de cerrar la discusión del tercer punto y que la convocatoria a las urnas coincida con buenos anuncios desde Cuba.
De manera paralela, en nueve días, el martes 20 de mayo, el Gobierno se juega otra carta clave en su propósito de buscar una salida negociada al conflicto armado que desde hace 50 años libran el Estado y las Farc. Ese día, en la Corte Constitucional, está convocada una audiencia pública para debatir sobre el artículo clave del llamado Marco Jurídico para la Paz, es decir, el que determina la forma como se puede resolver el espinoso asunto de los delitos de guerra. Otro escenario en el que el Ejecutivo tendrá que fortalecer sus argumentos para avanzar hacia un acuerdo de paz.
Esta controversia jurídica es también determinante, como quiera que, en caso de superarse en un corto plazo la discusión del punto sobre drogas ilícitas, la negociación de paz quedaría abocada a enfrentar el tema clave del proceso: los saldos con la justicia y la hora de las víctimas. De antemano se sabe que es el escenario en el que puede resolverse el panorama jurídico de la mesa de diálogos. Por eso, en la audiencia se van a jugar las cartas fundamentales. La Corte Constitucional también tiene la llave para fortalecer la salida negociada.
No obstante, la reapertura de los diálogos en La Habana coincide con uno de los momentos más tensos en el actual debate político. La polarización entre las campañas del presidente Juan Manuel Santos y el aspirante por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, constituye un complejo marco de discusión con coletazos judiciales. Según los entendidos, el desenlace de esta dura controversia también va a resolver el futuro inmediato del proceso de paz, sin que en el fondo dependa de quien obtenga la victoria en las urnas.
Al margen del debate político, en la mesa de diálogos de La Habana, más allá de las buenas intenciones, hay un obstáculo mayor: la solución del tema de las drogas ilícitas necesariamente pasa por el filtro de Estados Unidos y la figura de la extradición. Esta misma semana, el embajador en Washington, Luis Carlos Villegas, afirmó que la extradición puede ser un instrumento para garantizar la no repetición de crímenes de las Farc, a lo que la guerrilla respondió calificando el comentario como desafortunado.
De antemano, se sabe que ese es el nudo gordiano del debate. Es ahí donde se resuelve el asunto. En contraste, las Farc quieren que el tema sea tratado desde la perspectiva de la responsabilidad colectiva y del cambio de enfoque en la guerra contra las drogas, para que un acuerdo en el tercer punto de la agenda de diálogos tenga así la bendición de la comunidad internacional. Por ahora, la campaña a la Presidencia está en el primer plano y un acuerdo en el problema de las drogas sería, sin duda, tema de debates con tono electoral.
