En medio de las críticas del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado al proceso de paz, este martes la unidad nacional sorprendió con una polémica iniciativa encaminada a establecer un blindaje disciplinario para los funcionarios del Estado que son parte del equipo negociador del gobierno con las FARC.

Se incluyó en la ley de orden público, aprobado en primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara, un artículo que contempla que los negociadores no estarán sujetos a las medidas disciplinarias del Ministerio Público.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “es absolutamente normal” buscar el blindaje para los negociadores.

“La función de los negociadores es muy delicada y no pueden estar expuestos a cualquier investigación disciplinaria y judicial”, señaló.

Cristo dijo que además “nadie puede descalificar la seriedad y la responsabilidad que han demostrado los actuales negociadores del gobierno con las FARC”.

“Quienes se imaginan que esos negociadores van a entregar el país en La Habana simplemente están delirando”, insistió.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que exista algún temor por las actuaciones del procurador, el ministro desestimó cualquier riesgo pues Ordóñez “ha venido expresando algunas inquietudes frente al proceso de paz, y éstas fueron recogidas por el presidente Juan Manuel Santos”.

Actualmente los negociadores sólo estaban blindados judicialmente. La prórroga a la ley de orden público será ahora debatida por las plenarias del Congreso para su aprobación final.