Phoenix. Una jueza estadounidense interrogó este jueves a abogados que representaban al gobierno estadounidense y a Arizona sobre la legalidad de la nueva ley inmigratoria del estado que entraría en vigencia la próxima semana, pero no ofreció un plazos para un fallo.

Washington busca una orden restrictiva preliminar que bloquee la implementación el próximo jueves de la ley que establece que la policía local y estatal deberá investigar, en un contacto legal, la situación inmigratoria de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante ilegal.

La jueza de distrito Susan Bolton consultó a los abogados de ambas partes en una audiencia de 90 minutos si la ley contraviene la autoridad federal sobre inmigración, y si las predicciones de sus críticos de que conducirá a discriminación racial son exageradas e injustificadas.

El Departamento de Justicia se encuentra entre los demandantes -que incluyen grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes- que han presentado siete demandas separadas que buscan impedir que la ley entre en vigencia el 29 de julio.

El fallo de Bolton podría darse a conocer en cualquier momento.

Ella pidió al abogado del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler, que explicara como la ley estatal se imponía sobre la autoridad del gobierno federal, diciendo: "¿Por qué no puede Arizona ser tan inhospitalaria como lo desee para la gente que ha ingresado ilegalmente a Estados Unidos?".

Ella también preguntó al abogado de Arizona por la inquietud del Gobierno sobre el impacto en la política extranjera estadounidense. México y otros nueve países de América Latina se han sumado a una de las demandas contra la ley.

Parece que tenemos algunas personas de otros países molestas con nosotros", dijo Bolton durante los argumentos orales.

La lucha por la ley de Arizona ha complicado el esfuerzo de la Casa Blanca para superar el punto muerto con los republicanos en el Congreso para aprobar una reforma inmigratoria exhaustiva, una tarea ya difícil en un año electoral.

Las encuestas de opinión muestran de manera consistente que la ley de Arizona es apoyada por una sólida mayoría de los votantes estadounidenses, lo que plantea riesgos para Obama al oponerse a la medida.

El mandatario ha advertido que la ley de Arizona podría llevar a la promulgación de leyes estatales contradictorias en todo el país.

El abogado que representa al Gobierno sostuvo que el Washington es responsable por fijar leyes inmigratorias y que la medida de Arizona amenaza con socavar la política exterior estadounidense.

"Lo que tenemos es un paquete sin precedentes de medidas de fiscalización para adoptar una política estatal (...) en desacuerdo (...) con el Gobierno federal", dijo Kneedler.

Arizona dice que sus llamados han “sido ignorados”. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quién convirtió la controvertida medida en ley con su firma el 23 de abril, se sentó en la sala repleta durante la audiencia del jueves.

Ella dijo a periodistas afuera de la corte que Bolton tenía "una muy buena comprensión (...) de los temas (...) y ciertamente entiende los peligros que enfrentan los residentes de Arizona".

Arizona sostiene que el Gobierno no ha conseguido aplicar las leyes federales de inmigración, lo que obligó a los legisladores estatales a aprobar la ley para contener el flujo de inmigrantes ilegales que ingresan desde México y para reducir el tráfico de drogas y el crimen en el estado.

"Una ley que no es aplicada no es ley en lo absoluto", dijo John Bouma, el abogado que representa a Arizona. "Hemos hecho llamados repetidos (...) que básicamente han sido ignorados", agregó.

Bolton podría emitir una orden restrictiva preliminar si decide que en última instancia el Gobierno tendría éxito en su campaña para que la ley sea revocada.

"Un fallo en cualquier dirección probablemente será una señal muy fuerte sobre cómo esta jueza contempla la validez de la ley de Arizona y la solidez de los argumentos del Gobierno", dijo Carissa Hessick, una profesora de derecho de la Universidad del estado de Arizona.

Está en juego "si el Gobierno tiene la autoridad plena sobre la política de inmigración y su cumplimiento", agregó Hessick.