Montevideo. La aprobación de la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado y postergó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, sumó un caso más a la larga lista de aspectos que han tensionado la relación entre el gobierno del Frente Amplio y los militares.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, fue directo y declaró que a su juicio la nueva ofensiva legal será un obstáculo para acceder a más datos sobre el paradero de los restos de los desaparecidos.

Sus comentarios reflejan en buena parte el sentir de la oficialidad de las Fuerzas Armadas en días de cambio para la interna militar, dado que este sábado Jorge Rosales dejó de ser el comandante en jefe y asumió en su lugar Pedro Aguerre.

Las actitudes de las máximas jerarquías frente a las medidas del gobierno y del Frente Amplio marcan diferentes perfiles y diversas reacciones entre los uniformados.

Según analizaron fuentes políticas consultadas por El Observador, Rosales ha tenido un perfil “más benevolente” con el gobierno, mientras que Bonilla ha tenido una actitud más confrontativa. La actitud de uno y otro ha provocado que ante temas delicados surjan cuestionamientos hacia el primero, y aplausos y voces de apoyo para el segundo.

Bonilla fue sancionado por el Poder Ejecutivo por las declaraciones realizadas y, lejos de retractarse, redobló la apuesta. Se quejó en persona ante el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y le comunicó que “está considerando” si permanece en el cargo o renuncia, según informaron a El Observador allegados al general.

La sanción fue la mínima posible: un arresto a rigor, una medida que lo único que le impide es concurrir al Esmade, la sede donde cumple funciones. Podrá quedarse en su casa o concurrir a cualquier otra oficina militar, indicaron fuentes castrenses.

Es la segunda vez que amenaza con renunciar. En círculos íntimos había comentado que daría un portazo y abandonaría el cargo si era aprobado el proyecto de ley interpretativo de la ley de Caducidad, una iniciativa que finalmente fracasó por las divisiones internas de la coalición de izquierda.

El ministro Fernández Huidobro le trasmitió el viernes a Bonilla que la voluntad del presidente José Mujica es que permanezca en el cargo y que no renuncie por este episodio.

El jefe militar aprovechó el diálogo con el secretario de Estado para quejarse por la sanción e insistió que sus dichos no tuvieron contenido político, como aduce el gobierno.

Los dichos de Bonilla que motivaron la sanción fueron pronunciados por el jefe militar en rueda de prensa esta semana luego que se aprobó la ley que elevó la prescripción. “Yo creo que, en el plano personal, había un antes y un después al 1º de noviembre. Para aquellas personas que algo sabían, podían, después de esa fecha, en la libertad de la prescripción, aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos, la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado”.

Bonilla informó al Poder Ejecutivo que mantendrá conversaciones durante el fin de semana con las jerarquías militares y que dará una respuesta esta semana.

El ministro de Defensa tuvo, a su vez, otro gesto de acercamiento hacia el jefe del Esmade y le comentó que acepta su plan de diseño de las Fuerzas Armadas presentado la semana pasada, indicaron las fuentes.

Más allá de decidir sancionarlo porque incursionó en temas políticos, la actitud del gobierno no fue severa con Bonilla. Incluso varios de los conceptos desarrollados por el general son compartidos por el ministro Fernández Huidobro.

Los comentarios públicos de Bonilla evidencian que la ley promulgada por el Poder Ejecutivo abre un nuevo frente entre los militares y el gobierno, en una relación repleta de desencuentros. El desafío para Mujica, un ex tupamaro, era enorme. De todos modos, en el inicio de su mandato, recogió grandes elogios de la jerarquía militar. Reconoció la “postergación en lo económico” y les dijo a los militares que no tenían por qué cargar con mochilas del pasado. Llovieron los aplausos y altos mandos decían que fue un discurso de “reconciliación nacional”.

Sin embargo, ese clima de entendimiento duró poco. El presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas fue una gran decepción para la oficialidad luego de las promesas oficiales y surgieron otros hechos como las irregularidades en la Armada Nacional y la aparición de un video en el que supuestos militares amenazaban a jueces y fiscales por los procesamientos. A todo eso, se sumaron los intentos del Frente Amplio de insistir con la anulación de la ley de Caducidad pese al fracaso del plebiscito.

Pasado ese hecho, hubo un tiempo de poco ruido entre la relación de los militares con el segundo gobierno de izquierda en la historia del país, pero ahora la aprobación de la ley reavivó todas las fricciones ya existentes.