Washington, Andina. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles el informe final del diálogo sobre la eficacia de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), basada en la experiencia política peruana tras la interrupción del orden constitucional en 1992 por Alberto Fujimori.

El informe, que se presentará ante la Asamblea General, es el resultado de cinco sesiones de debates celebradas durante 2011 en el Consejo Permanente, que partieron del consenso de que no es necesario modificar la Carta aprobada en 2001.

La OEA señaló en un comunicado que la CDI "recoge consensos y equilibrios fundamentales en torno a ideales, valores, principios y prácticas democráticos compartidos", por lo cual el diálogo se centró en mejorar la eficacia en su aplicación.

"La adopción de la Carta fue caracterizada como la culminación y síntesis de un largo proceso de evolución democrática en la región", indicó.

Agregó que la CDI "se ha constituido en un elemento central de la identidad y del propósito de la OEA y en un pilar básico del sistema y el accionar interamericanos en materia de promoción y defensa de la democracia desde el plano multilateral".

Asimismo, destacó que en las sesiones "se registró un elevado compromiso de los Estados miembros con la Carta Democrática Interamericana, y con la promoción y defensa de la democracia en la región".

El informe consta de tres partes. En la primera se presentan los mandatos de la Asamblea General.

La segunda parte provee una síntesis de los principales temas abordados y debatidos en cada una de las cinco sesiones, incluyendo las posiciones adoptadas por los Estados miembros y las propuestas presentadas.

La tercera parte recoge y consolida los puntos de coincidencia y avances logrados a partir de los aportes realizados por los países.

La Carta Democrática Interamericana es una contribución de Perú a la comunidad hemisférica en la promoción y defensa de la democracia. Está basada en la experiencia peruana tras el autogolpe de estado, el 5 de abril de 1992, con el cierre del Congreso y se intervino el Poder Judicial y otros organismos autónomos, lo que le permitió a Fujimori concentrar el poder y cambiar la Constitución para reelegirse.