La OEA organizó la tercera reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de América, con el objetivo de apoyar a los estados miembros, en sus esfuerzos para prevenir y enfrentar los desafíos planteados por la delincuencia y la violencia

La reunión, de carácter técnico, contó con la participación de autoridades de los estados miembros de la entidad, con responsabilidad en el desarrollo e implementación de las políticas penitenciarias y carcelarias en sus países, así como participantes de diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El secretario de Seguridad Multidimensional, Embajador Adam Blackwell, destacó, que “los sistemas penitenciarios de las Américas enfrentan una crisis profunda, con un evidente deterioro de las condiciones carcelarias”. Sostuvo que la preocupación de los ciudadanos, y por consecuencia de los actores políticos, se ha centrado en el castigo de aquellos que delinquen, en lugar de la reintegración de los mismos, y explicó que el incremento poblacional en las cárceles del Hemisferio tiene directa relación con políticas de prevención que no han tenido el éxito esperado.

Según Blackwell, la reintegración social es la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, pero adicionalmente, la rehabilitación y la reintegración de los que han delinquido son garantías de la seguridad ciudadana, y consecuentemente el Estado debe fomentar las condiciones necesarias para lograr estas metas.

Investida con el mandato político para promover la cooperación y asistencia técnica en esta área de vital importancia, la Secretaría General considera esta reunión como una oportunidad para identificar las necesidades y capacidades de la región y facilitar un proceso de intercambio de conocimientos que permita el desarrollo de capacidades y el progreso sostenible.

La reunión llega en un momento en que los países de la región, especialmente en América Central y el Caribe, han comenzado a desarrollar e implementar estrategias integrales de seguridad pública y se han comprometido a llevar a cabo amplios procesos de reforma institucional, incluyendo las políticas penitenciarias y de los sistemas carcelarios y las políticas de reintegración.