Los cancilleres de la región dieron paso en enero pasado a un informe de un grupo de trabajo que sugiere reformas a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ecuador propuso cuatro puntos de cinco que han causado polémica y que centrarán al debate en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra desde este domingo hasta el martes en Cochabamba, Bolivia.

Para el régimen es necesario balancear los recursos de todas las relatorías de la CIDH; incorporar todos sus reportes en un solo capítulo del informe anual de la Comisión; establecer un código de conducta que regule la gestión de las relatorías; y que los órganos del sistema trabajen en conjunto con los estados.

Organizaciones civiles de la región ven en esas recomendaciones intentos de debilitar el sistema de derechos humanos y piden que no sean tomadas en cuenta en la asamblea.

Un punto polémico adicional, propuesto por países como Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, tiene que ver con el pedido de medidas cautelares que hace la CIDH a los Estados. Se propone hacer más estrictos los requisitos para la tramitación de esos pedidos.

Y aunque el tema de las medidas cautelares no fue una propuesta de Ecuador, el gobierno ecuatoriano ha sido el más crítico en este aspecto, exigiendo cambios luego de que la CIDH le hizo esa solicitud tras la sentencia favorable que el presidente Correa logró en el juicio que siguió contra El Universo.

Para que la CIDH acoja estas y otras reformas los cancilleres deben llegar a un consenso, aunque países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile, Uruguay, entre otros, dejaron claro que la Comisión, al ser un órgano independiente, debe decidir cuáles recomendaciones acepta y que estas sólo deben interpretarse en el sentido de fortalecer el sistema, mas no debilitarlo, como temen las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Human Rights Watch (HRW), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, de la que hace parte Fundamedios en Ecuador.

La preocupación se centra también en el informe que el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, lleva al pleno del organismo con el fin de aprobarlo.

En una carta a Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del Comité de Protección de Periodistas, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresa su asombro por la postura de Insulza, quien no recogió en su informe la carta de la CIDH al Consejo Permanente de la OEA que se refería en detalle a los pasos adoptados para cumplir las recomendaciones de los estados.

En la carta HRW describe la preocupación por las sugerencias hechas por Ecuador y se detalla que estas fueron introducidas por el grupo de trabajo a última hora y en medio de un ambiente hostil en el que la delegación ecuatoriana amenazaba con romper el consenso alcanzado en otros temas de la OEA.

El informe de Insulza plantea cambios al estatuto y al reglamento de la CIDH. Según el exoficial adjunto de este organismo de la OEA, Juan Pablo Albán, esto haría viable las sugerencias planteadas por Ecuador y también la que tiene que ver con las medidas cautelares, facultad que incluso podría ser eliminada, advierte.

A esta cita acude Rafael Correa invitado por el mandatario boliviano Evo Morales. El objetivo del régimen, según la cancillería, es “posicionar la política internacional del país en relación al sistema interamericano de derechos humanos”.

Albán cree que la verdadera intención “es minar al sistema interamericano por todos los frentes posibles”. Y para ese fin, dice, “están usando dos estrategias: una es tratar de ocupar espacios en el ente ya existente, por eso han promovido la candidatura de Patricio Pazmiño (presidente de la Corte Constitucional) a la Secretaría de la Comisión (no quedó entre los cinco finalistas). Y la otra es tratar de generar entes paralelos”. Esto ante la propuesta de crear un organismo de derechos humanos en Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Este ex oficial adjunto de la CIDH opina que “existiendo varias alternativas, la gente optará menos por ir al sistema interamericano”, aunque reconoce que este “efectivamente tiene problemas de demoras y de acumulación de casos”.

Albán explica que la potestad de la CIDH de revisar denuncias o verificar la situación de los derechos humanos en los países no deriva de su estatuto, que es lo que podría reformar la asamblea en estos días, sino del artículo 41 de la Convención Americana.

“Para cambiar eso tendrían los estados que convocar primero a una conferencia especializada en la que se discutan los términos de una reforma a la Convención. Y tendrían que estar de acuerdo, por lo menos 18 de los 32 países activos. En este punto, más allá del ataque que hay sobre la CIDH, no creo que haya 18 votos para reformar la Convención”, acota Albán.

Lo que sí se puede cambiar en la asamblea, comenta Albán, son las potestades del organismo que derivan de su estatuto o del reglamento para su trabajo, como el otorgamiento de medidas cautelares.

“Además se pueden fijar ciertos criterios de limitación de las acciones de las relatorías temáticas, empezando por la de la Libertad de Expresión, reduciendo su mandato y por tanto reduciendo su posibilidad de contar con fondos para su trabajo”, acota.

También indica que se puede, a partir de modificar los mandatos de las relatorías temáticas, limitar el número de estudios, la cantidad de informes que producen. Y en el mismo contexto de reformar el estatuto de la CIDH, como propone el informe de Insulza, “podrían fijar normas de procedimiento específicas para las relatorías, incluyendo normas de conductas”; es decir que tendrían vía libre los cambios que quiere Ecuador.

Insulza visitó a Correa en mayo pasado luego de que el mandatario hizo críticas a la OEA, insistiera en crear un nuevo organismo de derechos humanos a nivel de Unasur y decidiera no ir a la Cumbre del organismo regional que se celebró en Cartagena, Colombia.

Las ONG han enviado oficios pidiendo a la asamblea que no dé paso a las recomendaciones sugeridas a la CIDH, que podrían ser de carácter obligatorio, si así lo deciden los cancilleres.

Propuestas de Ecuador sobre cambios al sistema de DD.HH:
1. Financiamiento
Que las contribuciones que reciban los órganos del sistema de DD.HH. no puedan ser condicionadas o dirigidas, a fin de preservar la independencia, objetividad y no politización de los asuntos a su cargo. Y que la CIDH corrija el desbalance de recursos económicos y humanos de las relatorías.

2. Universalidad
Que los órganos del sistema trabajen con los estados y con la Secretaría de la OEA en la implementación de estrategia orientada a promover la universalidad del sistema, con miras a que todos los estados americanos estén en iguales condiciones jurídicas en relación a protección y defensa de los DD.HH.

3. Procedimiento
Se propone el establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías de la CIDH, tal como existe en el sistema de Naciones Unidas. Ello permitirá asegurar el necesario trabajo de coordinación que debe existir entre dichos mecanismos y los estados.

4. Informe anual
Que la CIDH, en consulta con los Estados, revise y actualice los criterios que aplica para la inclusión de países en el informe anual. Que exista un contraste de fuentes privadas y estatales. Y que el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión sea presentado en la misma sección destinada a las demás relatorías.

Posturas
Rafael Correa, presidente de Ecuador:
“Decidimos participar en la Asamblea de la OEA para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de nuestros estados”.

Ricardo Patiño, canciller de Ecuador:
“Más allá de promover los derechos humanos, en muchas ocasiones (la CIDH) se ha convertido en un ente inquisidor contra los estados”.

José Miguel Insulza, secretario General de la OEA:
“Mi intención es darle certeza al sistema, en ningún caso debilitarlo... Decir yo pertenezco a la OEA y no pertenezco a la CIDH es imposible”.