Tucson, EE.UU. El oficial de la policía en Tucson Martin Escobar ha trabajado para cimentar relaciones de confianza en los vecindarios de clase trabajadora mexicano-estadounidenses que patrulla.

Pero después de que Arizona aprobó una ley estatal en abril endureciendo las penas sobre la inmigración ilegal, algunos residentes dejaron de reportar crímenes como robos y violencia doméstica, por temor a ser arrestados.

"Pregúntenle a cualquier oficial (...) No creerían cuántos incidentes no son reportados (...) aún cuando la ley todavía no entra en vigencia", dijo Escobar, de 45 años, que lleva en la policía estadounidense 15 años.

La ley de Arizona exige que la policía estatal y local determine el estatus inmigratorio de cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país.

Escobar es uno de los dos funcionarios policiales del estado que ha presentado demandas en la corte federal para desafiar a la ley, que entra en vigencia el 29 de julio.

La ley es respaldada por una mayoría de estadounidenses y por los dos mayores sindicatos policiales en Arizona, un corredor importante para contrabando de drogas y personas desde México.

En el área sur de Tucson que patrulla Escobar, más de la mitad de los residentes son hispanos. Eso incluye a mexicanos-estadounidenses de tercera y cuarta generación y también a inmigrantes.

En la demanda que presentó en abril, Escobar arguye que no hay "criterio neutral racial" para identificar a los inmigrantes. Dice que los funcionarios inevitablemente aplicarían la ley "basados en cómo habla o se ve una persona".

Escobar, que se nacionalizó estadounidense cuando llegó a Tucson con su familia a los cinco años, también arguye que la policía en Tucson no tiene la autoridad para desarrollar deberes de inmigración federal y que la ley impediría seriamente las investigaciones en la comunidad que patrulla.

"Servir y proteger". Las dudas de Escobar sobre la ley estatal son compartidas por muchos jefes de policía estadounidense y el Gobierno del presidente Barack Obama, que podría presentar su propia demanda por la ley.

La semana pasada, un grupo de ocho jefes de policía de ciudades incluyendo a Los Angeles y Tucson dijeron al fiscal general del país, Eric Holder, que la ley estatal reduciría los limitados recursos de seguridad y que podría llevar a un incremento en el crimen.

"Cuando se promulga una legislación que hace que cualquier segmento de esa comunidad sienta que está siendo señalado específicamente o tenga temor de ir y hablar con la policía eso daña nuestra capacidad de obtener información para resolver los crímenes", dijo el jefe de la policía de Tucson, Roberto Villasenor.

No se ha fijado una audiencia para la demanda de Escobar. En tanto, las relaciones con sus compañeros se han tensionado.

"Algunos policías ya no me hablan y he perdido muchos amigos por la postura que adopté", explicó.

Pero afirma que no se arrepiente: "Siempre he tratado de hacer lo correcto (...) Nuestro lema es 'servir y proteger' y eso incluye a todos".