La investigación judicial contra Compagnon será formalizada el próximo 29 de enero ante un tribunal de la ciudad sureña de Rancagua por un polémico negocio de especulación inmobiliaria.
Santiago. Dirigentes políticos y parlamentarios del oficialismo chileno expresaron el viernes su preocupación por la próxima formalización de la investigación judicial contra Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, por un presunto delito tributario.
"Sin duda que no es una foto buena. Es mala, es delicada y lo único que demuestra es que hay igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen que enfrentar tanto al Ministerio Público (Fiscalía) como a los tribunales de justicia como un ciudadano más", dijo Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical y vocero de la alianza gobernante.
A su juicio, "el daño está bastante hecho y es difícil avanzar más".
La investigación judicial contra Compagnon será formalizada el próximo 29 de enero ante un tribunal de la ciudad sureña de Rancagua por un polémico negocio de especulación inmobiliaria.
La acción judicial, que se extiende a nueve personas, se centra en las actividades financieras de la empresa Caval, cuyo 50 por ciento pertenece a Compagnon y donde figura como ejecutivo su esposo Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet.
La nuera de la mandataria declaró en el caso, en calidad de imputada, por su posible participación en los delitos de violación de secreto, negociación incompatible y cohecho.
Compagnon y Dávalos están siendo indagados por el Ministerio Público a causa del controvertido negocio, en el que presuntamente se cometieron los delitos de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.
El presidente de la Democracia Cristiana, el influyente senador Jorge Pizarro, reiteró por su parte que es preciso dejar que la justicia dirima las responsabilidades penales, aún cuando reconoció que el daño a la imagen de la presidenta ya está hecho.
"Hay que reafirmar a los chilenos y a la opinión pública que los temas que están en la justicia se tienen que ver en la justicia y mientras antes se aclaren, tanto mejor", dijo Pizarro.
De acuerdo con el parlamentario, el caso "no tiene nada que ver con la gestión de gobierno y hay que separar estas situaciones. Ese tema ya le ha hecho suficiente daño (a la mandataria), no creo que influya en nada más".
Dávalos y su esposa gestionaron personalmente, a través de su empresa Caval, un crédito de unos 13 millones de dólares ante Andrónico Luksic, uno de los dueños del principal banco del país y cabeza del mayor grupo económico en Chile.
Los cuestionamientos surgieron porque la microempresa logró reunirse con el presidente de la entidad bancaria y tramitó un préstamo millonario que excede largamente los 3.000 dólares que había declarado como activos tan sólo días después de la elección de la jefa de Estado.
El dinero fue destinado a un negocio inmobiliario que entregó a la pareja unos 6 millones de dólares en utilidades y sobre el cual también pesan dudas respecto a un eventual uso de información privilegiada.
Ante el revuelo que desató el caso, Dávalos renunció a su puesto como director sociocultural de la Presidencia, una función similar a la de primera dama, en enero de 2015.
El caso derrumbó la popularidad de la mandataria a mínimos históricos.
