Lima (Andina). El Perú debe apostar por fortalecer el proceso de inclusión social iniciado por el gobierno y promover un empleo digno durante 2012, opinó este lunes la especialista regional en Educación Obrera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Carmen Benítez Gambirazio.

Benítez sostuvo que a ese objetivo debe contribuir no solo el gobierno, sino también el empresariado y los gremios laborales, con una clara voluntad política de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones para un mejor empleo.

La especialista manifestó que, a diferencia del pasado, ahora se observa un mayor compromiso de los empresarios con el desarrollo inclusivo del país, pero es necesario aún fortalecer e institucionalizar los mecanismos de diálogo para alcanzar entendimientos que se traduzcan en más trabajo digno.

“Lo mejor del empresariado peruano, del sindicalismo y del gobierno deben tener la voluntad política de salir de las dificultades y construir un país con mayor inclusión social, con un desarrollo que mire y apueste por un trabajo decente”, dijo Benítez a la Agencia Andina.

Benítez sostuvo que este anhelo debe ser el reto a alcanzar para el próximo año.

“La gente tiene expectativas y pide cambios inmediatos, pero eso no se puede lograr de la noche a la mañana, pero, en el Perú, observamos, existe la voluntad de mejorar la situación de los trabajadores”, expresó Benítez.

Al hacer un balance de los primeros cinco meses de gobierno, la experta dijo que en este periodo se han abierto mayores espacios de diálogo con los sectores populares, a fin de atender sus demandas en el marco de la política de inclusión social.

“Observamos que hay mayores espacios para el diálogo entre las autoridades de gobierno y los sectores populares como los jóvenes. Hay una voluntad clara de escuchar sus necesidades, de cuáles son sus problemas”, manifestó.

Resaltó la voluntad de las autoridades del Ejecutivo de escuchar las necesidades de la población, de reducir las brechas sociales y resolver las controversias mediante el diálogo, al margen de las dificultades que se observen en ese proceso.

Sostuvo que, en esa línea, también puede interpretarse la aprobación de la Ley de Consulta Previa, que otorga a las comunidades nativas el derecho a ser consultadas ante actividades extractivas o cualquier acto administrativo que pueda afectar sus intereses.