México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo hoy que funcionarios de la fiscalía del Estado de México habrían torturado a testigos del caso Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron a manos de militares el 30 de junio de 2014.

"Personal de la Procuraduría (de Justicia) del Estado de México habría incurrido en conductas de tortura, incluso dos mujeres que fueron procesadas y que por fortuna están libres no tenían nada que ver con las personas que estaban en esa bodega" de Tlatlaya, dijo a la emisora MVS el presidente de la CNDH, Luis Raúl González.

Las actuaciones que los funcionarios dijeron haber realizado "no se correspondieron con lo que después identificó la CNDH", apuntó.

"Por ejemplo, los peritajes no señalaban precisamente lo que después se corroboró de que (...) se había alterado la escena del crimen, que había habido muertes arbitrarias", afirmó.

El ombudsman también indicó que serán cuidadosos y verificarán la investigación que realiza por el caso la Procuraduría del Estado de México para que "no quede nada en la impunidad".

Según la fiscalía nacional, en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación después de haberse rendido, pero la CNDH estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.

La fiscalía estatal informó ayer que investiga a "alrededor de veinte" de sus funcionarios, entre ellos agentes del Ministerio Público y peritos en diversas disciplinas.

El diario El Universal publicó este jueves detalles de un informe de la CNDH que contiene declaraciones de tres testigos del caso que fueron víctimas de tortura, maltrato, intimidación e incomunicación. De acuerdo con el reporte, a una de las mujeres se les obligó a firmar una declaración, cuyo contenido desconoce, para evitar que la violaran.

El informe también da cuenta del trato inhumano que sufrieron las testigos, que afectó la integridad física y moral de una de ellas.

Esta semana la CNDH modificó la clasificación de su expediente del caso Tlatlaya como investigación de "violaciones graves" a derechos humanos, lo que no cambia sus recomendaciones emitidas en octubre pasado.

El organismo público concluyó en octubre que en este caso se cometieron delitos como "privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia".

Por ello, recomendó la reparación del daño a los familiares de las víctimas, atención médica y psicológica a los sobrevivientes y estricto cumplimiento al manual del uso de la fuerza.

En un principio, la Secretaría de la Defensa informó que los 22 civiles, presuntos miembros de una banda de secuestradores, habían fallecido en un enfrentamiento con militares.

Sin embargo, dicha versión fue cuestionada por una testigo que reveló que sólo uno de los civiles había muerto en el choque armado y los demás habían sido asesinados por los soldados después de ser sometidos a un interrogatorio.

Según la fiscalía nacional, en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación después de haberse rendido, pero la CNDH estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.

Siete militares son procesados por estos hechos. Todos por ejercicio indebido de servicio público, tres de ellos además por abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar donde ocurrieron los hechos y un oficial por encubrimiento.