Lima. Andina. La cumbre presidencial antidrogas, que promueve el Perú, permitirá tener un espacio de coordinación y elaboración de políticas conjuntas frente al narcotráfico, en el marco del principio de corresponsabilidad, sostuvo hoy la representante de Naciones Unidas en Lima, Rebeca Arias.

Advirtió que el combate al narcotráfico, considerado una amenaza a la seguridad en la región, debe comprometer a toda la comunidad internacional, ya sean países productores o consumidores.

El presidente Ollanta Humala Tasso planteó el jueves último ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la convocatoria de la cumbre antidroga y abogó por la corresponsabilidad para una lucha efectiva contra el tráfico de estupefacientes.

La funcionaria de ONU destacó los planteamientos del mandatario peruano para hacer una lucha efectiva frente al narcotráfico, cuya actividad se fortalece por la creciente demanda de estupefacientes en los países desarrollados.

“Se compartirán (en la cumbre) experiencias, puntos de vista y hasta recursos porque no es una lucha de un solo país, es una lucha a nivel regional e internacional. Por eso es bien importante este enfoque de luchar bajo un enfoque de responsabilidad compartida”, aseveró.

Arias, quien también es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó que los esfuerzos regionales e internacionales deben estar enfocados a buscar mecanismos de cooperación conjunta contra este flagelo mundial.

Según un informe regional, divulgado en julio pasado, la incautación de drogas en el continente aumentó de 402,7 toneladas métricas en 2007 a 550,6 toneladas métricas en 2009, sin frenar la actividad de los cárteles del narcotráfico.

La representante de Naciones Unidas destacó que en el foro mundial, el presidente Ollanta Humala Tasso ratificara el compromiso de Perú de defender el medio ambiente, respetar el diálogo y la atención de las comunidades indígenas, en el marco de la inclusión social.

Resaltó, en TV Perú, que una de las primeras medidas del actual gobierno haya sido la aprobación de la Ley de Consulta Previa, la cual otorga a las comunidades indígenas el derecho a ser escuchados por las autoridades frente al desarrollo de proyectos de inversión en sus territorios.