Luego de permanecer 12 días en México en una visita oficial, el experto de la ONU sobre tortura Juan Méndez encontró evidencia para señalar que elementos policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y fuerzas armadas participan activamente en malos tratos durante los momentos en que una persona es detenida y antes de que sea dispuesta a la justicia.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura presentó este lunes su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en su vigésimo octava sesión regular de su visita a México ocurrida entre el 21 de abril y 2 de mayo del 2014 para evaluar la situación e identificar los desafíos respecto de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país.

En el documento, que consta de 21 cuartillas, Juan Méndez exhibe asimismo que algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces toleran, son indiferentes o cómplices ante esta práctica. “Las salvaguardias son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.

Con frecuencia, detalla el relator, el registro de detención y los exámenes médicos son deficientes y no constatan alegaciones o evidencias de torturas; no existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al Ministerio Público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura, y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del Protocolo de Estambul.

Méndez manifestó “su extrema preocupación” por los hechos ocurridos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas, ejecutaron a otros seis, algunos con claras muestras de torturas, e hirieron a más de 20 personas.

“La inaceptable tragedia constituye un llamado urgente al gobierno para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, que deben incluir remedios a la problemática evidenciada en el presente informe, en especial a la impunidad y las débiles garantías para prevenir y erradicar la tortura”, indicó el representante.

De acuerdo con el especialista, los actos de tortura ocurren en un contexto de impunidad y generalmente con la finalidad de castigar o extraer confesiones o información. “La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”.

Con relación a las investigaciones realizadas, el documento de las Naciones Unidas exhibe que el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se refleja en igual número de investigaciones por torturas y malos tratos y menos aún en condenas, signo de una preocupante impunidad. El gobierno mexicano informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre el 2005 y el 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de tres y 37 años, respectivamente, expone el reporte del relator Juan Méndez.

El número de recomendaciones por tortura y malos tratos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de las comisiones estatales también dista significativamente del número de quejas recibidas por estos organismos. Ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre el 2005 y el 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal. Esto indica que la impunidad abarca casos de tortura comprobados por las comisiones.

En este sentido se pronunció Amnistía Internacional (AI). En conferencia de prensa, la investigadora de esta organización internacional Madeleine Perman advirtió que hoy en día son empleadas técnicas muy sofisticadas para evitar que queden marcas corporales cuando se cometen estos delitos.

Para combatir a esta práctica, el Relator recomendó al Estado mexicano, en primer lugar, “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto de las torturas y malos tratos, y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional y constitucional”.