Montevideo. El endurecimiento de penas a menores que cometen delitos, algo que se discute en varios países de América Latina y el Caribe, significaría un retroceso para los derechos humanos en la región, dijo este miércoles una autoridad de Naciones Unidas (ONU).

Según organizaciones vinculadas al tema, algunas naciones favorecen posturas para bajar la edad de responsabilidad penal, aumentar penas o mantener antecedentes de delitos cometidos durante la adolescencia, ante la divulgación de hechos de violencia protagonizados por menores.

También destacaron que en muchos países los menores son encarcelados con adultos, lo que hace aguda la reincidencia cuando son liberados, en vez de aplicarse programas alternativos que faciliten su reinserción social.

"Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en América Latina en el sentido de que se está yendo hacia atrás, y con derechos humanos no se puede ir hacia atrás", dijo a Reuters Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

"Estas medidas de mano dura (son) un claro retroceso que no favorece a nadie, ni a los niños ni a la sociedad", agregó Ortiz, quien participó esta semana en Montevideo de un encuentro de la alianza Movimiento Mundial por la Infancia (MMI) para América Latina y el Caribe.

El MMI está formado por grupos de la sociedad civil, agencias y organismos internacionales -entre ellos el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el grupo de ayuda Save the Children- que trabajan en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el MMI, entre las naciones donde se discute frecuentemente el endurecimiento de penas a menores figuran países de Centroamérica, México, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay.

"Cuando existen pedidos de reducción de la edad de responsabilidad penal, de aumento de penas o que los antecedentes continúen habiendo cumplido 18 años de edad, esas medidas lo que buscan es en realidad excluirlos (a los adolescentes) de la sociedad", dijo Ortiz.

"Es una invitación a que puedan seguir cometiendo delitos para sobrevivir", agregó.

Según el MMI, entre 50% y 70% de las personas menores encarceladas son arrestadas nuevamente en un plazo de uno a dos años tras su puesta en libertad.

Mientras que la tasa de reincidencia de quienes han participado en programas alternativos es de 10%.