El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda al Estado paraguayo que revise su legislación sobre el aborto incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto.

Ginebra, EFE. Paraguay debe modificar su legislación sobre el aborto e incluir excepciones a la prohibición de la interrupción del embarazo para que lo permitan en caso de violación o incesto, según recomienda un informe publicado este jueves por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Comité recomienda al Estado paraguayo que revise su legislación sobre el aborto incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, reza el informe.

"Asimismo, el Estado debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva", prosigue el texto.

El Comité de Derechos Humanos está compuesto por expertos independientes que examinan el cumplimiento de los países signatarios de las Convenciones Internacionales relacionadas con los derechos humanos, incluyendo derechos civiles y políticos, sociales y económicos.

Los expertos están muy preocupados por los niveles de violencia doméstica en Paraguay, así como del acoso y abuso sexual contra las mujeres en general, sobre todo por el hecho de que no exista una ley efectiva sobre el asunto.

"El Estado debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción de una ley específica en la materia asegurando la participación de la sociedad civil".

"El Estado debe asegurar que las denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención o albergues especializados en todo el país".

El Comité aboga en el informe porque Paraguay "se asegure" de que todos los casos de violaciones graves de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad sean debidamente investigados, que los responsables sean juzgados y, en su caso, sancionados".

"El Estado también debe garantizar el acceso pronto y justo de todas las víctimas o sus familiares a reparaciones e indemnizaciones, inclusive en los casos de tortura - tal como la tortura psicológica - en los cuales no se puedan demostrar secuelas físicas".

"Finalmente, el Estado debe contemplar urgentemente en su presupuesto los recursos necesarios para continuar la tarea de búsqueda e identificación de restos encontrados en el contexto de la investigación de los casos de desaparición forzada".

El texto hace mención específica a la persecución a la que son sometidos ciertos defensores de los derechos humanos, y pide una investigación "prioritaria de los homicidios de los señores Vidal Vega y Benjamín Lezcano".

Finalmente, los miembros del Comité consideran que Paraguay debería eliminar la práctica del "criadazgo", según la cual niños y adolescentes están ubicados en una familia ajena para realizar tareas domésticas "sin tener acceso, en la mayoría de los casos, a la educación y a los derechos laborales básicos".

En el lado positivo, el informe "acoge complacido" la ratificación de la Convención sobre Personas con Discapacidad, y la Convención para la Protección de todas las Personas en contra de la Desaparición Forzada.