Bogotá. Este viernes, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, mostró su beneplácito con la histórica decisión judicial proferida en Colombia por las desapariciones de la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

"Expreso mi reconocimiento al poder judicial colombiano por su lucha contra la impunidad en este caso, y exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al gobierno colombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando la seguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas", manifestó Pillay.

La oficina del Alto Comisionado en Colombia recomendó a las autoridades el fortalecimiento de las medidas de protección existentes para garantizar la seguridad de la Jueza Jara, a quien le fueron otorgadas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"La actuación del Estado está limitada por su deber de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Confío que los procedimientos judiciales actualmente en curso logren establecer la verdad así como determinar las responsabilidades por estos trágicos hechos, con la plenitud de garantías del debido proceso para los procesados. Deben darse las medidas de protección adecuadas a los testigos, abogados, familiares de las víctimas y funcionarios de la administración de justicia a cargo de los procesos, al igual que a los acusados", señaló la alta comisionada.

Adicionalmente, la alta comisionada reiteró que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada".

"El uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad y mantener el orden público es, al mismo tiempo, un derecho y un deber de los Estados frente a sus ciudadanos", señaló Pillay. "Sin embargo, la actuación del Estado está limitada por su deber de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y respetar el Estado de derecho, incluso al responder a ataques injustificados por parte de grupos armados ilegales".