La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hoy una resolución que reconoce el papel central de la inclusión social para promover sociedades más justas y estables que permitan lograr un desarrollo económico equitativo en el mundo.

La resolución recoge la propuesta del Presidente de Perú, Ollanta Humala, durante su participación en el debate general del 60º periodo de sesiones de la Asamblea General, en setiembre de 2011.

Asimismo agrega que es el reflejo de la prioridad que le otorga el Gobierno de Perú a las políticas públicas de inclusión social y un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de aplicarlas.

Reconoce que en un contexto de crisis económica y financiera y de constante inquietud por la inseguridad energética y alimentaria, la aplicación de políticas activas de inclusión social desempeña un rol de estabilización entre los sectores más afectados de la población.

De igual modo admite que las políticas de inclusión social hacen posible vivir en sociedades estables, justas y pacíficas; promueven el ejercicio de los derechos humanos y empoderan a las personas en el efectivo ejercicio de su ciudadanía. 

El texto de la resolución reconoce, por primera vez, la responsabilidad de los Estados en la promoción de políticas de inclusión que permitan crear una “sociedad para todos”, basada en el respeto de los derechos humanos, el principio de igualdad, el acceso a los servicios básicos y la participación de todos los individuos de la sociedad.

Con ese marco y énfasis se pretende evitar la existencia de ciudadanos de segunda clase, que no tengan acceso ni oportunidades para su propio desarrollo.

La resolución fue promovida por la Misión Permanente de Perú ante Naciones Unidas y cuenta con el apoyo de 63 países como Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Canadá, Israel, Madagascar, Mongolia, España, Grecia, Italia, Bélgica, Portugal, entre otros.

“Esta resolución convoca por primera vez a los Estados miembros a promover la participación y el acceso a los beneficios del crecimiento económico entre todos los integrantes de una sociedad en democracia”, dijo el representante permanente de Perú, embajador Enrique Román-Morey.

“Igualmente sostiene que es necesario fomentar políticas de empleo inclusivas, así como políticas de protección social, con especial énfasis en los sectores más deprimidos de nuestras sociedades, asegurando un nivel mínimo de protección social a las personas que se encuentran en situación vulnerable”, agregó.

El documento también exhorta a los Estados a promover una participación más equitativa en los beneficios del crecimiento económico mediante la aplicación de políticas macroeconómicas que tengan en cuenta las necesidades de los sectores sociales menos favorecidos.