Colombia. “Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas; 72 violaciones de derechos a la privacidad y la propiedad; tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual”. Esta enumeración de ataques está recopilada en el reciente informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe, que también describe la situación de derechos humanos en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia, dice que de las 59 víctimas asesinadas, hay cuatro mujeres, seis indígenas, tres líderes LGBT, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles. Aunque el informe aclara que en Colombia se registraron más agresiones y asesinatos de sindicalistas y de integrantes de movimientos sociales y políticos, este informe solo incluyó las estadísticas de agresiones contra líderes defensores de derechos humanos. 

Uno de los hallazgos más relevantes es que en el departamento del Cauca registró el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos con 14 casos; seguido por Antioquia con siete, Norte de Santander con seis asesinatos y en Córdoba se perpetraron cuatro. El informe también ha reiterado su preocupación por el alto nivel de impunidad en los casos de agresión contra los defensores.

Por ejemplo, el 74,5% de los asesinatos verificados, es decir, 44 casos, los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales; en cuatro, hay evidencia de que el ELN estuvo vinculado; en uno, aparece el EPL; en dos, guerrilleros de las Farc y uno a un disidente de esa guerrilla; en seis, particulares; y uno a la Policía durante una protesta social. En 43 de los casos de asesinatos, es decir, 73% de las muertes, las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales. Una cifra mucho mayor a la que registrada en 2015 cuando solamente se evidenciar 25 víctimas en estos sectores. 

Según el informe, este aumento se debe a los vacíos de poder que han dejado las Farc; la escasa o débil presencia del Estado; la percepción que tienen los actores criminales que consideran que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses; su estigmatización; el uso de la violencia de las autoridades y grupos ilegales para resolver disputas en las comunidades; la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales; y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Por otro lado, las Naciones Unidas hizo un llamado a las autoridades para que revisen la forma en la que los defensores están siendo arrestados o detenidos en áreas rurales con presencia de actores armados. Dice el informe que el año pasado se registraron 11 capturas. “Esto compromete la diligencia, legalidad, imparcialidad e independencia de las investigaciones. Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”, se lee en el documento.

No todas las cifras fueron negativas. La Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General reconoció los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección por responder a las numerosas y variadas necesidades de protección en el territorio colombiano. Sin embargo, pidieron mejores y más fuertes medidas para la protección en las áreas rurales y que se revise la efectividad de esas ayudas de seguridad para defensores que trabajan en estas zonas.