Javier Ponce puso en duda que militares hayan disparado con armas letales durante la Operación Rescate que realizaron las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para liberar al presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre del 2010 (30-S), del hospital de Policía en Quito, donde permanecía retenido por un grupo de policías insurrectos.

El ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, puso en duda que militares hayan disparado con armas letales durante la Operación Rescate que realizaron las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para liberar al presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre del 2010 (30-S), del hospital de Policía en Quito, donde permanecía retenido por un grupo de policías insurrectos.

“Es posible que hayan disparado, pero siempre con un objetivo de disuasión. No en búsqueda de provocar heridos o fallecidos dentro de la Policía”, manifestó este lunes Ponce, quien convocó a rueda de prensa para rechazar la publicación del parte del informe militar sobre el 30-S que El Universo realizó el  sábado 30 de julio de este año.

Ponce apareció ante los periodistas solo, cuando usualmente lo acompañan miembros del alto mando militar.

Informe de fuerzas militares. El ex editor de Opinión de El Universo, Emilio Palacio, a través de un correo electrónico, reveló el viernes 29 de julio que el reporte elaborado por el general Jorge Peña, director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respecto al operativo militar ocurrido en el 30-S.

Palacio indicó que este fue uno de los documentos que solicitó a los jueces que tramitaron la querella por injurias que Correa interpuso en su contra, pero dicho pedido no fue atendido. Mientras que el acusador sí tuvo acceso a este y, de hecho, lo presentó como prueba.

El 20 de julio, Palacio y tres directivos de este Diario fueron sentenciados a tres años de cárcel y al pago de US$40 millones a favor de Correa por un editorial que el mandatario consideró como injurioso.

“Es absolutamente injustificado y falso que se hable que se ordenó un ataque al hospital como pretende afirmar el señor Palacio”, dijo Ponce, y añadió que se está haciendo una lectura inadecuada del documento militar firmado por Peña.

“Rechazo el uso malicioso y parcial que se quiera hacer de ese informe para efectos de justificar la calumnia del señor (Emilio) Palacio en el Diario El Universo”, indicó

Enfrentamiento a balas. Según el informe militar, el operativo terminó en un enfrentamiento a bala entre militares y policías en el cual murieron cinco uniformados.

“Hay dos compañeros de la Policía que mueren en el operativo, uno de ellos víctima de un disparo. Nosotros creemos que de francotiradores al momento que se protegía la salida del presidente (del hospital). Y otro, en un episodio ocurrido en una ambulancia que tiene la necesidad de ser investigado más en detalle”, añadió Ponce, a dos meses que se cumpla un año de la revuelta policial.

Al ser consultado sobre la nómina de los uniformados que participaron en el operativo y el informe balístico para determinar la procedencia de los proyectiles, el ministro señaló que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado los declaró como reservados.

“Es una práctica corriente cuando hay una acción de esta naturaleza, es necesario proteger ese personal que participó en ese operativo”.

La estrategia militar fue, según Ponce, el uso progresivo de la fuerza a través de medidas disuasivas con armamento no letal, como balas de goma y explosivos, pero admitió que sabían del riesgo que existía.

El reporte de Peña indica, no obstante, que una parte del personal que participaría en el operativo de ‘rescate’ sí portaría armamento letal que se usaría en caso de ser necesario.

Aun así, Ponce reiteró insistentemente que en ningún momento se ordenó disparar en la casa de salud.

Sobre el operativo, en el que participaron unos 900 oficiales y miembros de la tropa, aclaró que fue una decisión consensuada entre el presidente Correa, el alto mando militar y el ministro de Defensa. “Una decisión de esta naturaleza, que se fue analizando durante toda la tarde por el Comando Conjunto y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas tenía que ser consultada con el presidente de la República”, concluyó.